GRANADA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado para la Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, ha lamentado este jueves la "falta de sensibilidad" con las víctimas de violencia de género, después de que ésta criticara el pasado lunes las medidas propuestas por España para proteger a escala comunitaria a las mujeres maltratadas, que ha calificado de "chapuceras".
En declaraciones a los periodistas en Granada, Campo Moreno, que ha asistido al seminario de Eurojust sobre blanqueo de capitales, considera que las manifestaciones de Reding "ponen en entredicho el papel de una Unión Europea que está trabajando duramente por coordinar los esfuerzos y proteger a las víctimas y ponerlas en el centro de atención".
"Creo que ha perdido una oportunidad para consolidar la nueva estructura con el Tratado de Lisboa", ha señalado el secretario de Estado, que reconoce que pueden existir "discrepancias jurídicas", que son "perfectamente admisibles y comprensibles", incidiendo en que este tipo de "descalificaciones" hacen perder una "oportunidad" para "fortalecer e impulsar una iniciativa de los estados en orden a la protección de la víctimas".
"Espero que se reconduzcan estas cuestiones y que podamos poner a las víctimas de la violencia de género en el centro de la preocupación", ha asegurado.
Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Miguel Carmona Ruano ha explicado que, al igual que una orden de detención emitida por un juez español puede ser aplicada en cualquier otro país de la Unión Europea, se intenta con esta orden de protección propuesta por España que las medidas que se imponen en nuestro país también puedan ser aplicables "con un nivel de eficacia similar" en cualquier otro país miembro.
Así, ha puesto como ejemplo que en España existen 6.000 mujeres rumanas con órdenes de protección a su favor y, con el tipo de propuestas que se plantea a nivel comunitario, se pretenden "que si ejercen su derecho a salir de nuestras fronteras" puedan también ser protegidas.
El vocal ha insistido en que aunque puedan existir "dificultades jurídicas" para su aplicación, puesto que las órdenes de protección se emiten en unos países desde el ámbito penal y en otras desde el ámbito civil, "se trataría de superar esas dificultades técnicas para hacer efectivo algo tan simple como es que la protección pueda ser ejecutada en cualquier otro país de la Unión".
