MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CC.OO. y UGT, junto a la Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social, la Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona y la Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales, han firmado el primer convenio colectivo de ámbito estatal Acción e Intervención Social con una vigencia inicial de tres años, según ha informado este jueves CC.OO.
El sindicato ha indicado además que este acuerdo "regula y establece un marco homogéneo de condiciones de trabajo y retributivas para más de 150.000 trabajadores que trabajan en este sector en el conjunto del Estado".
A su juicio, este convenio contribuye "a visibilizar, profesionalizar y dar entidad y relevancia a un sector conformado principalmente por los servicios sociales de proximidad, que son en su mayoría de titularidad y responsabilidad pública, pero cuya gestión las administraciones contratan con empresas privadas y entidades del Tercer Sector".
En este sentido, ha explicado que, gracias a este acuerdo, "ningún trabajador verá afectadas negativamente sus condiciones de trabajo y salariales, mientras que decenas de miles las verán mejoradas".
Además, CC.OO. ha detallado que regula aspectos "sustanciales" para el mantenimiento y estabilidad en el empleo como "la cláusula de subrogación, y permite mitigar de manera importante la aplicación de las recientes reformas laborales a las personas que trabajan en el sector".
"Como consecuencia de las reformas y recortes aplicados a los Servicios Sociales públicos y de atención primaria, el Sector de Acción e Intervención Social acumula desde diciembre de 2010 un 15,6% de destrucción de puestos de trabajo y presenta unas tasas de precariedad más elevadas que la media, precisamente en un momento de crisis que es cuando más necesarios son", ha señalado CC.OO.
Desde su punto de vista, el convenio contribuirá "a la disminución de estos porcentajes y a la reducción de la brecha con respecto al conjunto de sectores de actividad, poniendo las bases del impulso de dichos servicios sociales, que precisan asimismo de un importante incremento del gasto público que a ellos se dedica".
Finalmente, ha valorado el acuerdo como "un paso importante" pero ha agregado que "no es, ni mucho menos, el último" porque se debe "garantizar su cumplimiento y mejora en los centros de trabajo, así como incrementar la lucha por un aumento decidido de la inversión en servicios sociales que permita articular y mejorar uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar y de una sociedad democrática avanzada".
