MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los supervivientes del genocidio ruandés, que se cometió hace 16 años, han denunciado que miles de los autores de este genocidio, que confesaron su implicación ante los tribunales 'gacaca', los tribunales tradicionales, han sido liberados o sentenciados a servicios comunitarios, una pena criticada por inadecuada por los ruandeses supervivientes.
"El castigo debería ser equivalente al dolor que estos presos infligieron", aseguró el presidente de la organización de supervivientes del genocidio --Ibuka--, Theodore Simburudali, que pidió al Gobierno que haga más para detener la muerte de supervivientes en algunas zonas del país.
Ibuka ha lamentado con frecuencia la muerte de estos testigos de la matanza, muertes que se han producido después de testificar ante los tribunales. "Imploramos a las autoridades ruandesas que vean la gravedad de la situación porque los supervivientes siguen siendo el objetivo de los que mataron a sus familias, en vez de esperar que estas personas vivan en las mismas comunidades que los asesinos", añadió Simburudali.
En virtud de la ley ruandesa, algunas categorías de genocidas cumplen parte de sus condenas en prisión y otra parte como forma de servicio a la comunidad, en un intento por descongestionar las cárceles y fomentar la reconciliación, según el Gobierno.
"Este castigo permite a los condenados adquirir nuevas herramientas profesionales que ayudarán a facilitar su reintegración en la sociedad, así como a convertirlos en buenos ciudadanos", aseguró el coordinador ejecutivo del programa de reinserción, Evariste Bizimana. Bajo este programa, los presos construyen casas para los grupos vulnerables, además de infraestructuras como carreteras, informa la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.
"Este programa es parte de un proceso de reconciliación que necesitamos para educar a los asesinos que confesaron sus crímenes para vivir al lado de los supervivientes del genocidio", añadió. "Deben entender que esto es un castigo, no un campamento de tránsito para reintegrarse en la sociedad", prosiguió.
De acuerdo con el ministro de Justicia, Tharcisse Karugarama, los servicios comunitarios no pretenden trivializar la gravedad de los crímenes. "Intentamos promover la reconciliación entre los asesinos y las víctimas", indicó Karugarama.
"Lo que es más importante es asegurar un seguimiento ya que algunas de estas personas aún albergan ideología genocida cuando vuelven a sus hogares", afirmó. Las milicias hutus mataron en 100 días --entre abril y julio de 1994-- a entre 800.000 y un millón de tutsis y hutus moderados.
Michael Kanimba, de 21 años y cuyo padre fue condenado recientemente a dos años de servicios comunitarios, apoya la idea de realizar este tipo de pena. "Los condenados se convierten poco a poco en ciudadanos responsables para capacitarles a vivir lado a lado con los supervivientes del genocidio", afirmó.
