La Comisión cree que la propuesta española perjudicará a las maltratadas y amenaza con ir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo
BRUSELAS, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, logró hoy, pese a la oposición de la Comisión Europea, el apoyo de una mayoría suficiente de los Estados miembros para aprobar la orden europea de protección para mujeres maltratadas, una de las prioridades de la presidencia española. Su objetivo ahora es concluir en las próximas semanas los detalles de la nueva norma y alcanzar un acuerdo político en junio, que debe ser ratificado por la Eurocámara.
El objetivo de esta propuesta es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, resaltó que la propuesta española utiliza una base jurídica inadecuada y por ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. Reding amenazó con llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si siguen adelante con la tramitación de la orden de protección abanderada por España.
En el debate público celebrado durante la reunión de ministros de Justicia de la UE, la propuesta de compromiso presentada por España -que reduce la ambición inicial de la presidencia pero abarca todas las medidas destinadas a proteger la seguridad de la víctima e impedir un delito, independientemente de que las dicte una autoridad judicial o administrativa- consiguió el apoyo de 15 Estados miembros que garantizan la mayoría cualificada necesaria para aprobarla.
Se trata en concreto de Bélgica, Italia, Francia, Portugal, Finlandia, Grecia, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Reino Unido, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Países Bajos y Malta. Sólo Alemania, República Checa, Eslovenia, Austria, Letonia, Hungría, Chipre y Luxemburgo se alinearon con las tesis del Ejecutivo comunitario o expresaron reservas.
Al término del debate, Caamaño agradeció el "apoyo firme" de las delegaciones y resaltó que, hasta junio, "tenemos un tiempo importante para poder trabajar, insistir y hacer las cosas mejor y poder por tanto incorporar a más Estados miembros a esta posición y también poder seguir trabajando con la Comisión".
PERJUDICARÁ A LAS VÍCTIMAS Y BENEFICIARÁ A LOS ABOGADOS
Sin embargo, la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario insistió en que la propuesta de España "no está madura, está llena de contradicciones, va a perjudicar a las víctimas porque no se les podrá ayudar y seguro que ayudará a los abogados porque ellos se beneficiarán de la litigación tanto en los tribunales nacionales como en los europeos".
"No necesitamos perjudicar a las víctimas por segunda vez. Éstas necesitan seguridad jurídica, acciones que se puedan llevar a la práctica para protegerlas. Y no necesitan que aprobemos algo que no ofrezca seguridad jurídica, que sirva sólo para dar trabajo a los abogados que litigarán en los tribunales", insistió la vicepresidenta.
Reiteró que el Ejecutivo comunitario presentará a principios de 2011 una propuesta "importante" y "sólida", tras realizar una evaluación de impacto y una consulta pública, que cubrirá las laguas de la propuesta española y "permitirá ayudar a las víctimas en la práctica y no sólo con grandes ideas". Y amenazó a los Estados miembros con ir al Tribunal de Luxemburgo si no esperan la propuesta de Bruselas y siguen adelante con el proyecto de España.
"Es muy simple. Si los legisladores actúan contra la ley y contra los Tratados, la Comisión, en tanto que guardiana de los Tratados, debe llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE", dijo Reding a los periodistas.
"A veces, la búsqueda de la perfección sólo conduce a la melancolía y nuestra obligación es dar respuestas en tiempo real a nuestros ciudadanos, a las mujeres de Europa, y no entrar en discusiones adelantadas acerca de los límites interpretativos, dudosos en mi opinión, sobre la base jurídica del Tratado", replicó Caamaño a la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario durante el debate público.
"No me parece muy correcto adelantar un juicio de recurrir ante los tribunales de justicia algo sobre lo que no se ha pronunciado todavía el Parlamento Europeo. Estamos sólo en una primera fase de elaboración de una directiva bajo el nuevo Tratado de Lisboa", reprochó además a Reding el ministro de Justicia.
