MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se preguntó hoy "qué ganan" los alcaldes que se niegan a empadronar a inmigrantes ilegales, y recordó que la competencia en materia de extranjería es del Estado por lo que ningún ayuntamiento puede introducir requisitos añadidos a lo que marque la Ley de Extranjería y la Ley de Régimen Local.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el primer edil afirmó tajantemente que "las normas de empadronamiento del Ayuntamiento de Vic son ilegales" y, aunque no se manifestó en el mismo sentido con respecto al Consistorio de Torrejón de Ardoz, subrayó que "todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido al marcado por la Ley de Extranjería y la de Régimen Local por parte de los ayuntamientos supone una ilegalidad".
"No estamos de acuerdo en poner limitaciones a los inmigrantes que quieran empadronarse porque la legislación española vigente no establece tales limitaciones, y corresponde al legislador nacional establecer la política de extranjería y no es competencia que los ayuntamientos puedan asumir de forma individual. No podemos establecer restricciones donde la ley estatal no las ha previsto", afirmó.
A continuación, se refirió a un argumento "más político o incluso más ético", al considerar que "limitar los derechos de los inmigrantes a empadronarse significa privarles de los derechos y de las prestaciones sociales imprescindibles para asegurar su supervivencia y garantizar su dignidad".
Por ello, se preguntó "qué se conseguiría negando esas prestaciones básicas con esas limitaciones", y aludió a que esa decisión conduciría a los inmigrantes 'sin papeles' "quizás a la exclusión y la marginalidad" o, como mucho, supondría "desviar el problema a otro municipio que sí aplica la ley".
"Como se señala en un informe reciente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el padrón es un registro de situaciones de hecho y no de derecho, y eso significa que tiene que reflejar la realidad con independencia de si la residencia es legal o no, y del derecho que tenga la persona que ocupa el domicilio. La misión del padrón es constatar la residencia y no controlar los derechos de los residentes", zanjó.
