SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) afirmó hoy sobre la intención del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a inmigrantes 'sin papeles', que se trata de una medida "a todas luces racista, discriminatoria y xenófoba", que puede tener "gravísimas" consecuencias para este colectivo,
Según declaró a Europa Press la co-coordinadora del Área de Inmigración, Nuria García, "lo único que se logra es que las personas que la sufren no puedan acceder a la educación básica, la sanidad, y los servicios sociales".
En este sentido, González indicó que en la "recién" aprobada Ley de Extranjería, en su artículo 6.3, dice que "los ayuntamiento incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos". Es decir, apuntó, "tienen derecho a empadronarse todos los inmigrantes independientemente de su situación administrativa".
Por tanto, señaló, "al Gobierno central le falta claridad para hablar del tema", algo, dijo, que "exigimos, junto con la necesidad de que Gobierno adopte medidas legales para impedir este acto discriminatorio". Asimismo, la Asociación confesó "sentir miedo" de que se esté "utilizando la inmigración con fines electoralistas", porque lo que se logra es "ahondar en la fractura social y en la discriminación de este colectivo".
"No sabemos qué triquiñuelas legales están utilizando, pero lo que sí sabemos es que está claro que el informe jurídico --solicitado al bufete de abogados Roca Junyent y que avala la negativa a empadronar a los inmigrantes ilegales-- no es legal", manifestó, porque "los derechos de sanidad, educación y derechos sociales están reconocidos por la Constitución y el Tribunal Constitucional, la Ley Reguladora a las Bases del Régimen Local, así como en muchos convenios internacionales de derechos humanos".
Por otra parte, Apdh-A explicó que "no tienen conocimiento de que algo así esté sucediendo en Andalucía", y aclaró que si esto se diera "no encargaríamos de denunciarlo con bastante contundencia".
Por su parte, la Fundación Bayt al-Thaqafa de Barcelona y Andalucía Acoge expresaron en un comunicado "su rechazo" a esta medida al considerar que es "claramente ilegal" y que supone negar el acceso de estas personas a derechos constitucionalmente reconocidos. "Esta conducta es constitutiva cuando menos de un acto discriminatorio administrativo de los contemplados en el artículo 23 de la Ley de Extranjería (LOEX), conducta para la que se prevé fuertes sanciones económicas", manifestaron.
Además, según estas dos entidades sociales, esta medida del Ayuntamiento de Vic esconde una "estrategia" de cara a las próximas elecciones, una estrategia que calificaron de "peligrosa", pues, comentaron, "se vuelve a utilizar la inmigración para conseguir réditos electorales planteando un discurso demagógico que, en vez de centrar el debate en propuestas integradoras, sólo consigue alentar el crecimiento de posturas xenófobas. Además, este tipo de polémicas estériles abundan en la división social y en la discriminación del colectivo de personas inmigrantes".
