MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Cátedra Santander de los Derechos del Niño ha pedido más datos y coordinación pública para proteger al menor, en su informe 'Los costes de la violencia contra la infancia: Impacto económico y social' en el que denuncian la insuficiencia de datos y la gran magnitud de casos de violencia no denunciados, según ha señalado la cátedra.
En este sentido, han explicado que actualmente existen 3.919 casos de denuncias de violencia de tipo sexual, registrados en 2015, de los más de 97.000 estimados totales, lo que implica un coste de 979 millones de euros del gasto público por costes sanitarios, educativos, judiciales y de servicios o prestaciones sociales que posteriormente se necesitan para paliar y ayudar a las víctimas infantiles de violencia.
Al respecto, el informe señala que la cifra solo es el coste de la violencia sexual, no de toda la violencia contra la infancia; solo es el coste de lo que tenemos datos, no tenemos datos sobre algunas de las consecuencias y solo es el coste de lo que es medible.
El informe solicita a las administraciones competentes a realizar un mayor esfuerzo para obtener más datos, desglosados y comparables y explica que la falta de coordinación y armonización de criterios entre los actores implicados en la protección de la infancia, supone una dificultad para conocer con exactitud la repercusión de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Estas cifras salen a colación con motivo de que el pasado martes, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló, durante el debate de investidura, que en la próxima legislatura se aprobará una ley que contará con el aplauso unánime de toda la Cámara. El político se refería a la Ley Integral de Protección a la Infancia frente a la violencia, un texto legal que se ha elaborado con la participación activa de la Cátedra Santander de Derechos del Niño, impulsada por la Universidad Pontificia Comillas y Banco Santander a través de Santander Universidades.
En relación a este asunto, la investigadora y autora del informe, Clara Martínez, ha expresado su satisfacción por la aprobación del texto tras meses de parálisis política.
Los investigadores María Eugenia Fabra, Raquel Redondo, Adam Dubin y Kepa Paul Larrañaga también son autores del informe, que ha sido editado por EDUCO y la Universidad Pontificia Comillas. En este se desglosa las consecuencias de la violencia física, emocional, sexual o por descuido y trato negligente, y sus costes asociados a la salud física y psicológica, a comportamientos como abandono escolar, el abuso de sustancias, embarazos no deseados, ETS, o posible delincuencia juvenil; así como consecuencias sociales como el desarraigo, o comportamiento antisocial.
