La asociación ecologista cree que todo el proceso de las Autorizaciones Ambientales Integradas ha sido una "chapuza"
SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista Arca recurrirá la concesión, por parte del Gobierno de Cantabria, de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) al proyecto de planta de bioetanol de la empresa química y papelera Sniace en Torrelavega, una medida que tachan de "absoluto fraude" ya que se ha hecho mediante una "trampa bastante evidente" desde la Administración.
Desde Arca, su presidente, Gonzalo Canales, explicó que el Gobierno ha tramitado estos permisos por separado entre las distintas empresas de Sniace en lugar se considerarlas como parte de un único complejo industrial.
De esta forma, señaló, existen indicadores, como los de ruidos o emisiones, que al tratarse por separado "no se cumplen porque son menores" que los requisitos que se establecen para conceder la AAI, y recordó que Arca presentó alegaciones en este proceso.
La planta de Sniace tendrá una capacidad de producción cercana a las 100.000 toneladas anuales. La compañía adelantó el mes pasado que prevé que la fábrica comience a operar en 2010, tras haberse destinado a su construcción un presupuesto de 100 millones de euros.
"CHAPUZA"
Canales extendió sus críticas al proceso para la concesión del resto de autorizaciones a las empresas de la región, que tildó de "chapuza" que se ha hecho "a trompicones". Así, aseguró que se han tramitado "todas de golpe", lo que hace "prácticamente imposible" su "estudio con detalle" por parte de las asociaciones ecologistas.
En su opinión, las empresas han "demorado" los trámites porque "no se lo han creído nunca" y "sabían que desde la Administración se les protegía", hasta que vieron que podía haber "consecuencias" como el cierre, momento en el que "se han puesto las pilas".
Canales lamentó que "las empresas van más rápido que la justicia" y criticó el trato "benevolente" y "de entre algodones" dado por el Gobierno a las empresas, a las que, aseguró, se ha tratado sin "rigor" durante el proceso, por lo que acusó a la Consejería de Medio Ambiente, que tramita estas autorizaciones, de "defender los intereses privados".
