L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 May. (EUROPA PRESS) -
CatalunyaCaixa cederá una veintena de viviendas propiedad de la entidad financiera al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat para destinarlos a alquiler social para personas que tienen dificultades para acceder a un piso o que son víctimas de un desahucio.
La alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, y el director territorial de CatalunyaCaixa en el Baix Llobregat, José Ignacio Martínez, han firmado este viernes un convenio de colaboración por el que la entidad bancaria cede veinte pisos que se alquilarán a un precio asequible de entre 150 y 250 euros, con la posibilidad de ampliar en el futuro el número de viviendas cedidas.
La Oficina Municipal de la Vivienda de L'Hospitalet gestionará estas viviendas, con una superficie de entre 50 y 80 metros cuadrados, que se adjudicarán en función de la valoración que los servicios sociales hagan de la situación de necesidad o emergencia social de los solicitantes.
Los requisitos para acceder a estos pisos son residir en L'Hospitalet, no disponer de otra vivienda en la ciudad, percibir una renta mínima de 426 euros al mes y que el precio del alquiler no suponga más del 30% de los recursos mensuales libres, teniendo prioridad las parejas con hijos menores, los pensionistas y los jóvenes.
El director territorial de CatalunyaCaixa en el Baix Llobregat, José Ignacio Martínez, ha dicho que se trata del décimo convenio que la entidad financiera firma con un ayuntamiento catalán para poner vivienda a su disposición y que en la provincia de Barcelona podrían dedicar a alquiler social hasta 650 pisos.
Marín ha destacado que el Ayuntamiento "ha iniciado conversaciones con todas las entidades financieras para ver qué soluciones dar a la problemática de la vivienda" y el acuerdo con CatalunyaCaixa es el primero que firma el consistorio para dar respuesta al incremento de la demanda de pisos de alquiler social.
Según fuentes municipales, la iniciativa tiene como objetivo alojar a personas con riesgo de exclusión residencial, ya sea por ejecuciones hipotecarias o desahucios, o a ciudadanos con dificultades de acceso a un alquiler a precio de mercado.
