VALENCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Defensa asegura que la militar destinada en Valencia que denuncia un presunto trato discriminatorio tras no haberle sido renovada su plaza por no poder realizar las pruebas físicas debido a un embarazo de alto riesgo no ha sido expulsada, sino que no se renovó su contrato por no haber presentado un informe que justificara su incapacidad para efectuarlas, como es preceptivo en los casos de gestación o problemas de salud.
Según han precisado fuentes del Ejército de Tierra a Europa Press, la denunciante no presentó en ningún momento pruebas que justificaran la imposibilidad de someterse a las pruebas físicas, un requisito imprescindible para la denominada "ampliación del compromiso".
Asimismo, han detallado que la ex-militar no sólo no se presentó a las pruebas en 2007 y 2008, tal y como afirma su abogado, coincidiendo con los dos abortos y el embarazo, sino que no se había presentado a las mismas desde 2005.
