MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros estudiará este viernes, previsiblemente, la Ley de Evaluación Ambiental, que unifica dos normativas, la de planes y programas en el medio ambiente y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Según han explicado fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a Europa Press, el Gobierno quiere "agilizar" los trámites y hacer los procedimientos más eficaces, así como reducir el tiempo para obtener o no un permiso para un proyecto que, en la actualidad, está en una media de 42 meses. Se calcula que hay unos 10.000 expedientes abiertos.
De acuerdo a la última versión del borrador de la Ley al que ha tenido acceso Europa Press, la norma pretende ser un "instrumento eficaz para la protección ambiental" mediante la simplificación del procedimiento de evaluación ambiental, así como incrementar la seguridad jurídica de los operadores, en íntima relación con este último fin y lograr la concertación de la normativa en todo el territorio nacional.
En la exposición de motivos, explica que la ley establece un esquema similar para la evaluación ambiental estratégica (planes y programas) y la evolución de impacto ambiental (proyectos) y unifica la terminología.
Además, establece plazos máximos para acometer todo el trámite, que serán 19 meses prorrogables a 21 meses para la evaluación estratégica ordinaria y 3 meses para la evaluación ambiental estratégica simplificada. En cuanto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, el plazo será de cuatro meses prorrogable a seis y en la evaluación de impacto ambiental simplificada, el máximo serán tres meses.
En esta norma, se incluye por primera vez en la normativa ambiental la técnica de la fractura hidráulica para obtener hidrocarburos, que se someterá a evaluación de impacto ambiental. También recoge que se tendrán en cuenta los efectos del cambio climático.
Fuentes de Medio Ambiente precisan que grosso modo, la intención es que la evaluación sea más rigurosa y estricta para los proyectos ante los que se prevean impactos significativos y más ágil y menos costos para proyectos con menor incidencia ambiental
Sin embargo, la responsable jurídica de WWF, Rita Rodríguez, ha manifestado a Europa Press que la nueva ley limitará la participación de las ONG ambientales en las evaluaciones de impacto ambiental y que reducirá los tiempos para presentar alegaciones y aún no está claro que vayan a poder participar en las consultas previas.
Además, lamenta que con la nueva norma habrá que esperar a que un proyecto esté aprobado para poder recurrir, lo que, en su opinión, limita el acceso y el derecho a la justicia. "Es criticable que no nos den más participación a las ONG", ha añadido.
En definitiva, considera que no era necesario cambiar la ley, sino mejorar su aplicación. Por ello, el director ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha advertido de que las ONG ambientales van a estar "muy vigilantes porque esta es la ley más importante y fundamental para la protección ambiental".
En su opinión "no es necesaria su modificación porque los riesgos de cambiarla son mucho mayores que los beneficios que se puedan ganar con la excusa o la intención de agilizar o simplificar".
