MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Ninguna profesión debería excluir a personas con VIH ya que no existe "ninguna justificación científica ni legal" al respecto, según las conclusiones de uno de los informes presentados por la Federación Trabajando en Positivo con motivo del 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, en el marco de la campaña de sensibilización 'Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo'.
El documento especifica que, legislativamente, el único trabajo en España que se encuentra restringido a este colectivo "de forma específica y general" es la prestación de servicios de seguridad privada. Sin embargo, en palabras de Julio Gómez Caballero, de la Federación Trabajando en Positivo, esta limitación no corresponde con el resto de la legislación española, ni con los criterios de organismos internacionales, ni con el conocimiento científico sobre el VIH y su transmisión, "por lo que ninguna profesión debería estar limitada", apostilla.
Según el informe '¿Existen profesiones de cuyo ejercicio debe excluirse a las personas con VIH?', las personas con VIH tienen "las mismas capacidades y aptitudes" que cualquier otro profesional para el desempeño de su labor y recuerda que cualquier empleado con VIH puede realizar su labor sin que, en ningún caso, haya riesgo de exponer a terceras personas a la transmisión del virus.
Por ello, lamenta que, "en la actualidad, existan determinadas profesiones en España en las que se limita el acceso o la permanencia de las personas con VIH, fundamentalmente por la creencia y el miedo a que éstas puedan transmitir el VIH a terceras personas a través del desempeño de las mismas".
El informe indica que sólo las personas diagnosticadas de sida pueden tener limitada su capacidad laboral en función de la evolución de la enfermedad, la gravedad de la misma y frecuencia de sus manifestaciones clínicas en profesiones relacionadas con el Embarque Marítimo; el Cuerpo Nacional de Policía; las Fuerzas Armadas (Guardia Civil y Ejército) y el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. No obstante, según los autores del documento, no sería justificable que personas con VIH en fase asintomática fueran excluidas del ejercicio de estas profesiones.
Otro de los informes aborda el riesgo de transmisión del VIH a través de profesiones relacionadas con la manipulación de alimentos y denuncia "las barreras" existentes para este colectivo "tanto para acceder como para mantener un empleo en el sector de la hostelería y/o de la alimentación cuando en la empresa se conoce su estado serológico", un hecho que se justifica "en base a la creencia errónea y al miedo que representa que el trabajador con VIH pueda transmitir la infección a los/as clientes al manipular los alimentos".
La conclusión principal de este estudio es que el VIH "no es una enfermedad transmisible a través de los alimentos, por lo que las profesiones relacionadas con la manipulación de alimentos no suponen un riesgo para la transmisión del VIH a terceros y, por ello, un trabajador con VIH no debería tener ninguna restricción para desempeñar estas profesiones".
"De hecho, si una persona con VIH es despedida del trabajo por este motivo se estaría incurriendo en un acto de discriminación que vulneraría el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 17 del Estatuto de los trabajadores y el artículo 512 del Código Penal" puntualiza Gómez Caballero.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
El tercer informe se centra en la vulneración de derechos que implica la solicitud, por parte de las empresas a los trabajadores con discapacidad, del Dictamen Técnico Facultativo, además de la Resolución y el certificado de discapacidad correspondiente. "En ningún caso y en ningún momento, es necesario ni ajustado a ley que las empresas ni los servicios de empleo de las administraciones públicas soliciten el Dictamen Técnico Facultativo al trabajador para acreditar su condición de persona con discapacidad o para valorar sus capacidades", explica Gómez Caballero.
En su opinión, de este modo se evitan "situaciones de discriminación por razón de enfermedad que se puedan derivar del manejo de datos de carácter personal relativos a la salud de la persona por profesionales que no sean médicos o sanitarios sujetos al deber de secreto profesional".
El último informe defiende la rentabilidad, tanto económica como social, de apostar por programas de apoyo y orientación laboral hacia personas en situación de exclusión social. Para ello, muestra los resultados del programa 'Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión social a través del empleo', promovido por la Federación, a través del que se apoyó a 549 personas diferentes y se favoreció la inserción laboral de 55 personas procedentes de una situación de grave exclusión social.
"La integración laboral de este perfil de personas beneficia no solamente a éstas, ya que les proporciona autonomía y estabilidad, sino también a los organismos públicos porque repercute en la dependencia económica que estas personas pueden adquirir debido a su situación de desempleo y carencia de recursos" concluye Gómez.
Estos documentos se han presentado este martes en el Caixaforum de Madrid, en el marco de la campaña de Sensibilización 'Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo', que cuenta con la financiación del Plan Nacional sobre el Sida y con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
