MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) ha presentado en el Congreso de los Diputados varias enmiendas al Proyecto de Ley de la Economía sostenible con el fin de incluir y fomentar la responsabilidad social de las empresas en España y tener en cuenta los valores medioambientales en la contratación público y privada.
Se trata de, según el portavoz de CiU, Carles Campuzano, de unas propuestas formuladas con un "planteamiento ambicioso e interesante", que consiste en que las empresas que "dicen tener una política de Responsabilidad Social Empresarial" tengan mecanismos para que esto se pueda comprobar, se mejore la transparencia y las prácticas de contratación público y privada.
Concretamente, plantea que las administraciones públicas impulsarán, a través de diversas políticas, la adopción de criterios de responsabilidad social por parte de las empresas.
Además, pide "transparencia" en la actuación de las administraciones, "garantizando el acceso a la información pública a toda persona sin discriminación por razón de nacionalidad o cualquier otra circunstancia".
Por otro lado, CiU apuesta por incluir en los procesos de contratación, cuando la naturaleza de los contratos lo permita, "condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato.
Además, propone que, dentro de los criterios de adjudicación, se valore el ahorro y el uso eficiente del agua y de la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados y reutilizados o de materiales ecológicos.
COMPROMISO PARA TODOS
Para CiU, las obligaciones de adaptar los planes estratégicos de las empresas públicas para favorecer los principios y prácticas de responsabilidad social empresarial por sus proveedores, sobre todo en lo relativo a igualdad hombre/mujer, y de incluir en los procesos de contratación condiciones de ejecución sobre aspectos medioambientales, "deben hacerse extensibles a la administración general del Estado, como promotor de contratación de obra y servicio público".
Por otro lado, pide que se incluya que el Gobierno mantendrá una "política de promoción de la responsabilidad de las empresas", de difusión del conocimiento de ésta y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas las mejores prácticas en este sentido, así como estimular el estudio y análisis sobre los efectos en la competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social.
Así, el grupo parlamentario pretende fomentar la contratación de empresas socialmente responsables y la adopción de metodologías y sistemas de gestión responsable.
Finalmente recoge que todas las empresas que coticen en bolsa mediante el Sistema de Interconexión Bursátil Español facilitarán "información adicional a la financiera y de gobierno corporativo sobre indicadores clave acerca de la gestión de impactos sociales y medioambientales". La encargada de supervisar la fiabilidad de los datos representados corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
