MÉRIDA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles la Ley de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura, la primera que regula esta materia en el país y en el ámbito autonómico, y que entrará en vigor dentro de 20 días.
Esta normativa es uno de los acuerdos recogidos en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, que tiene como fin cambiar el modelo productivo en la región para conseguir un desarrollo sostenible, basado en valores como la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial, según ha recordado en nota de prensa la Junta de Extremadura.
Esta normativa es "innovadora y pionera" en España y dos de los aspectos importantes que incorpora la ley es la regulación de la responsabilidad social de los poderes públicos, no sólo de las empresas; y la adaptación de esta normativa al tejido empresarial extremeño, formado en su mayoría por pequeñas empresas. Se establecen además una serie de beneficios y ayudas para las empresas que obtengan dicha calificación.
En la ley se entiende por responsabilidad social la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores.
En su redacción se detallan los elementos que configuran la responsabilidad social y que afectan a aspectos relacionados con la ética y valores que promueva la empresa; las relaciones laborales (procesos de selección, trato igualitario, perspectiva de género, inserción laboral de personas con discapacidad, ordenación de las jornadas laborales...); la preservación del medioambiente; la relación social de la empresa, con proveedores, el entorno local y regional, y colectivos sociales. También se refiere a un tratamiento responsable de la información y la comunicación.
Se apela a la necesidad de las que empresas y los poderes públicos (Junta de Extremadura y entidades locales) adopten iniciativas y prácticas concretas que permitan un crecimiento sostenible y favorezcan la cohesión social: como el aprendizaje permanente de los trabajadores, en cuestiones relacionadas con la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social. Prácticas y estrategias que deben redundar en la competitividad, la productividad y rentabilidad empresarial; y que contribuirán a transformar la economía a través del conocimiento, la innovación, la competencia, y de manera más sostenible.
LA LEY SE ADAPTA AL TEJIDO EMPRESARIAL EXTREMEÑO
En función del tamaño y las características de la empresa, ésta deberá dar respuesta a todos o algunos de los elementos configuradores de la responsabilidad social, según se determine reglamentariamente. La normativa se ajusta a las características del tejido empresarial extremeño, constituido básicamente por pequeñas empresas.
La nueva normativa prevé que las Pymes puedan ir adoptando de manera progresiva y de forma mancomunada con otras empresas elementos configuradores de la responsabilidad social para conseguir la calificación como tal por parte de la Junta de Extremadura, y optar a los beneficios y ayudas que se establecen en el texto normativo.
Igualmente, se especifica que los poderes públicos deberán adoptar medidas para el fomento de la responsabilidad social empresarial en las Pymes. Entre otras medidas, se refiere a reconocer los pasos dados para la incorporación de criterios de responsabilidad social empresarial de manera progresiva; a estimular la promoción de instrumentos mancomunados para las Pymes orientados al cumplimiento de objetivos en materia de responsabilidad social empresarial; apoyarlas en el inicio del proceso, y suministrar información clara y útil sobre estos procesos y diseñar herramientas de información específicas para Pymes.
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
Otra de las novedades de este proyecto de ley es que la evaluación para calificar a una empresa como socialmente responsable deberá ajustarse a criterios y métodos de medición homologables nacional e internacionalmente.
Por tanto, la evaluación que realicen las empresas deberá ser verificada por entidades u organismos independientes y especializados en la realización de auditorías, certificaciones y normalización de calidad o responsabilidad social empresarial que ostente acreditación oficial en vigor.
La Consejería de Igualdad y Empleo será la responsable de otorgar la calificación de empresa socialmente responsable. Las empresas serán inscritas en un registro, que dependerá también de la misma Consejería.
Ello les permitirá acceder a una serie de beneficios, que se describen en la ley: ayudas para financiar los gastos ocasionados por las medidas adoptadas para configurarse como empresa socialmente responsable, beneficios fiscales, prioridad en la adjudicación de los contratos administrativos de la Junta de Extremadura y sus organismos públicos dependientes. Además, se recoge la concesión del Premio a la mejor empresa, Según se indica, reglamentariamente se elaborarán las bases, el procedimiento para la concesión de dicho premio y su dotación económica.
Por otra parte, está prevista también la creación de un Consejo Consultivo de la Responsabilidad Social en Extremadura como órgano asesor y consultivo en esta materia y como foro de encuentro de los agentes económicos y sociales, la administración pública y el tercer sector.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO
La ley regula también la responsabilidad social de la Junta de Extremadura como entidad contratante, consumidora, inversora, empleadora y prestadora de servicios; y como tal deberá asumir una serie de obligaciones concretas sobre consumo, inversión responsable, como empleador justo e integrador, y priorizar a su vez a las empresas responsables socialmente. Por tanto, la responsabilidad social se plantea como exigencia para la propia Administración Autonómica y como un modelo de aplicación para las administraciones locales. El objetivo es integrar el enfoque de responsabilidad social y los principios de desarrollo sostenible en la gestión pública.
