MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno sostiene que antes de ampliar el permiso de maternidad a 18 semanas habrá que estudiar y valorar el coste que esta medida supondría y que, según un estudio de impacto encargado por la Eurocámara, cifra en un coste de 494 millones de euros anuales para España.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo y dirigida a UPyD, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la formación magenta denunciaba que la baja por maternidad en España --16 semanas actualmente-- está por debajo de las 18 recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que la de paternidad es de tan sólo dos semanas, al tiempo que numerosas mujeres siguen discriminadas en sus empresas por el mero hecho de ejercer su derecho a ser madres.
La ampliación de este permiso se ha ido retrasando desde la anterior legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero por motivos económicos.
En este sentido, el Gobierno avisa de que la dilatación del periodo de descanso por maternidad en dos semanas y el incremento consiguiente del abono del subsidio conllevaría un "coste económico importante" y, con ello, reseña los 494 millones de euros anuales que costaría la medida a España.
"Por ello, medidas de este tipo que afectan tan directamente al ámbito económico-financiero del sistema de Seguridad Social deberán ser valoradas y debatidas, previamente en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, atendiendo a su impacto social y a la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de Seguridad Social", señala.
COMPROMISO PARLAMENTARIO
Precisamente, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad en octubre del año pasado una iniciativa, a instancias de CiU, en la que se comprometía a abordar, en cuanto la coyuntura económica lo permitiera, la reforma integral de los permisos por nacimiento, así como los de adopción y acogimiento.
La iniciativa salió adelante a través de una enmienda pactada por los nacionalistas catalanes con PP y PSOE, que posteriormente consensuaron el resto de grupos parlamentarios.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Subcomisión parlamentaria para la racionalización de horarios y la conciliación de la vida laboral y familiar, así como de la Ley de Igualdad, se instaba al Ejecutivo a asegurar el derecho de la infancia a recibir los cuidados por parte de cada uno de sus progenitores en pie de igualdad y en su beneficio y en el de todo el núcleo familiar.
Es más, quería que el Ejecutivo garantizase en el plano de igualdad, los derechos de ambos progenitores a compatibilizar el empleo de calidad con la maternidad y paternidad, sin perder sus ingresos y sin verse privados del disfrute de su vida personal y familiar.
Igualmente, instaba al Gobierno a avanzar hacia la equiparación de los permisos de nacimiento, adopción y acogimiento entre ambos progenitores, de forma que ambos contasen con el mismo período personal e intransferible, eliminando las disfunciones existentes en la legislación actual al respecto y, singularmente, evitando la subrogación de derechos que han de ser individuales.
Como ya se viene haciendo desde 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, el presente Ejecutivo 'popular' ha retrasado hasta en dos ocasiones en los Presupuestos Generales del Estado la entrada en vigor de la ampliación a un mes del permiso de paternidad para 2014.
