Actualizado 28/11/2010 13:28

Los grupos del Congreso piden la ordenación jurídica de la ONCE como entidad singular

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han presentado un total de 63 enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Economía Social (LES), a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que coinciden en reclamar la ordenación jurídica de la ONCE "como entidad singular".

Así, tanto el PP, como el PSOE, CiU, EAJ-PNV y ERC-IU-ICV coinciden en reclamar una disposición adicional a la presente ley sobre la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ya que entienden que la naturaleza de este organismo y su mecanismo de financiación pública "le confieren una singularidad de tal alcance que conduce a la necesidad de regular sus elementos esenciales en una disposición adicional de la presente Ley".

Los grupos señalan que la ONCE es una Corporación de Derecho Público de carácter social, cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave; con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización; caracterizada por los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general; que ejerce en todo el territorio español funciones delegadas de las Administraciones Públicas, bajo el Protectorado del Estado.

Argumentan además que se trata de la única organización de la economía social personificada jurídicamente como una Corporación de Derecho Público y de carácter social. En cualquier caso, recuerdan que la ordenación jurídica básica de la ONCE es de carácter reglamentario por lo que, a juicio de los grupos, "resulta preciso, o al menos muy conveniente, que la regulación goce de rango de Ley formal".

Por este motivo, consideran que se trata de "la mejor oportunidad" que se presenta en esta legislatura para incrementar el grado de seguridad jurídica de esta entidad.

En otro orden, desde ERC-IU-ICV piden realizar "las modificaciones necesarias" para que "el espíritu" de la Economía Social se concrete en la citada ley "de forma que no tengan cabida otras actividades". Asimismo, señalan que la representatividad autonómica "debe ser reconocida para la participación institucional a todas las agrupaciones, asociaciones o confederaciones".

Por su parte, CiU apuesta por reconocer que las comunidades autónomas tengan competencias en fomento y ordenación de la economía social por lo que "pueden ser ellas las que impulsen actuaciones de promoción, difusión y formación de la economía social, reservando para el Estado el papel de cooperador o colaborador".

Por último, desde el Grupo Mixto se señala que la consideración como entidades integrantes de economía social a un amplio abanico de personas jurídicas que comparten alguno de los principios y criterios de la economía social "puede suponer una distorsión más que un respaldo a dicha concepción económica", además de que parece dar pie "al 'casi todo vale' para ser considerado como integrante de la economía social".