Aumentará el nivel de exigencia en los procesos de prevención y control y favorecerá la implicación ambiental del sector productivo
SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), que se aprueba hoy en el Pleno del Parlamento andaluz, reforzará las exigencias en la prevención de la contaminación así como integrará en un único permiso todas las autorizaciones medioambientales.
Así, esta norma, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 26 de septiembre del pasado año y que se debate hoy en la Cámara autonómica, aumentará el nivel de exigencia en los procesos de prevención y control y favorecerá la implicación ambiental del sector productivo mediante nuevas líneas de incentivos económicos y acuerdos voluntarios.
Además, por primera vez se regulará la contaminación lumínica en Andalucía y, de acuerdo con las directivas europeas, se actualizarán los objetivos de calidad ambiental relativos a residuos, aire, agua, suelos y ruido, según informó la Consejería de Medio Ambiente a Europa Press.
Asimismo, simplificará y agilizará los procedimientos administrativos relacionados con la protección del medio ambiente, al integrar en un único permiso todos los requisitos y autorizaciones. En este sentido, el texto incorpora la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI) prevista en la directiva europea de prevención de la contaminación, que integra en un solo trámite las diversas autorizaciones sectoriales para el control ambiental de los centros productivos en materias como las emisiones a la atmósfera, los vertidos, los residuos, las vías pecuarias o la evaluación de impacto ambiental.
Este permiso se concede fijando límites de contaminación que pueden ser más restrictivos que los establecidos en la legislación, ya que dependen de la mejor tecnología disponible en cada caso. Andalucía ha sido, después de Cataluña, la segunda comunidad en aplicar la AAI, que actualmente afecta a más de 650 empresas que, en cualquier caso, deberá extenderse a todas las industrias antes de octubre de 2007.
Junto a este permiso integrado, el proyecto normativo crea también la denominada Autorización Ambiental Unificada para actividades o proyectos de menor entidad, lo que conllevará una reducción de seis meses respecto a los plazos de tramitación actuales y una mayor seguridad jurídica para los interesados.
PREVENCIÓN AMBIENTAL.
En relación con la prevención y control ambiental, la futura ley incrementará los niveles de exigencia al obligar a someterse a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de envergadura, incluidos los que actualmente sólo precisan de informe ambiental (este trámite queda eliminado). Junto con ello, se mantiene la modalidad de calificación ambiental como competencia municipal para los proyectos y actividades de menor entidad.
Respecto al apoyo del tejido productivo, la norma recoge premisas básicas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, como la fijación de nuevas líneas de incentivos o el fomento de acuerdos y controles voluntarios por parte de empresas para alcanzar niveles de calidad por encima de las exigencias legales.
Entre otras novedades, se crea un distintivo destinado a aquellas empresas que, además de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente, se comprometan también a aplicar procesos adicionales de minimización de residuos, reutilización, reciclaje y ahorro de agua y energía. Con este sello de calidad, que servirá de referencia a los consumidores, se pretende respaldar a las empresas en sus procesos de modernización ambiental.
Por su parte, los incentivos públicos estarán especialmente orientados a hacer posible la mayor exigencia de calidad ambiental que en la práctica supondrá la AAI, facilitando que las empresas apliquen técnicas de control y mínimo impacto sin afectar a la producción.
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.
Igualmente novedosa es la regulación por primera vez en Andalucía de la contaminación lumínica, con una serie de normas que se sientan las bases para una zonificación del territorio y el establecimiento de niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la compatibilidad de los intereses municipales y empresariales con los científicos, ecológicos y de ahorro energético. Actualmente, tan sólo Cataluña y Canarias disponen de una legislación de ámbito autonómico que aborda este tipo de impacto sobre el Medio Ambiente.
En relación con el ruido, el proyecto también recoge una nueva zonificación en la que se incorpora la posibilidad de designar servidumbres acústicas y que servirá de marco legal para la realización de mapas de ruido y planes contra la contaminación acústica. En este sentido, se faculta a los municipios para establecer restricciones del uso de zonas públicas en aquellos casos en que el ruido afecten al descanso de los ciudadanos.
En cuanto a la gestión de los residuos, el objetivo prioritario se dirige a minimizar su producción en origen y fomentar la reutilización y reciclado. Para ello se establecen líneas de incentivos a la inversión en tecnologías limpias y se actualiza el régimen de vigilancia e inspección, configurando un régimen sancionador dirigido a lograr que se respete el principio de "quien contamina paga" y se haga efectiva la restauración de los daños ambientales que se produzcan.
Una novedad destacada en este capítulo es la prohibición del depósito en vertederos de todos aquellos desechos que sean susceptibles de una valorización previa, es decir, de aprovechamiento económico o reutilización. Asimismo, la futura ley obligará a los polígonos industriales a contar con centros de recogida de residuos no peligrosos, mientras que facultará a las entidades locales para denegar autorizaciones en los casos en que los promotores no garanticen el destino de los residuos de la construcción.
Finalmente, el proyecto fija un régimen de garantías por daños al Medio Ambiente de acuerdo con la normativa europea de responsabilidad medioambiental y su trasposición al Estado español.
