MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE propone que las empresas que reciban apoyo oficial de Estado elaboren planes específicos referidos al deber de respeto, compromiso, análisis y diligencia debida en materia de derechos humanos junto a los mecanismos oportunos para asegurar la transparencia y la información sobre su cumplimiento.
Se trata de una de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que plantea con ello la adición de una nueva disposición adicional o apartado a esta normativa.
En concreto, el apartado versaría sobre la 'incorporación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas en la internacionalización de las empresas', con el objetivo de que el Ejecutivo incorpore en materia de fomento de la internacionalización de las empresas y, en especial, a través del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española y de los instrumentos de apoyo financiero previstos en la presente Ley, los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
LOS ROLES DE LAS EMPRESAS
Según argumenta el PSOE, el 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó unánimemente los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que establecen un marco global autorizado sobre los roles respectivos de las empresas y de los gobiernos con el objetivo de que contribuyan a asegurar que éstas respetan los derechos humanos en sus propias operaciones y a través de sus relaciones comerciales.
A su juicio, estos principios han jugado un "papel importante" en el desarrollo de marcos de referencia similares de otras organizaciones internacionales y regionales, conduciendo así a la convergencia de los estándares que ellos establecen.
Así, el PSOE defiende que la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se refleja en la versión revisada en 2011 de las líneas directrices para las empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el capítulo de las 'Directrices sobre la Responsabilidad Social de la Organización Internacional de Normalización' (ISO 26000) y en las 'Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional' (parte del Grupo del Banco Mundial).
"Se trata de que el Gobierno de España, en la línea de otros gobiernos europeos, siga trabajando en la garantía de los derechos de forma coordinada y sistemática de conformidad con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones", de acuerdo con la estrategia renovada de la Unión Europea (UE) para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas.
Mediante esta propuesta, el PSOE defiende que se trata de hacer realidad estos compromisos a través de este instrumento normativo y de su futuro desarrollo reglamentario.
Con ello también y, a través de la acción específica del Gobierno en materia de internacionalización de las empresas, los socialistas dicen que se fortalece la ventaja comparativa de las empresas españolas en el mercado global, con el fin de que desarrollen sus operaciones empresariales previniendo y mitigando riesgos basados en los derechos humanos y fortaleciendo sus capacidades al respecto.
