CÓRDOBA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, han firmado este martes el Protocolo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, con el que se pretende dar respuesta a 4.000 familias que "llevan décadas buscando cuerpos" de familiares víctimas de la Guerra Civil y la posguerra española, todo ello como "acto de justicia social".
En una rueda de prensa, con la presencia del director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez; la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz; la teniente de alcalde Mar Téllez (PSOE) y representantes de las asociaciones memorialistas, el consejero ha dicho que "es algo que esperan no solo las familias, sino todo aquel que tenga a sensibilidad necesaria para comprender que la mejor manera de convivir es conociendo lo ocurrido y recuperando la normalización".
De este modo, ha destacado que "se da un paso importante" con este convenio, dentro de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Parlamento de Andalucía "sin ningún voto en contra", ha recordado Jiménez Barrios, quien ha elogiado que dicha ley es "pionera en España, no solo por su desarrollo, sino por la complicidad con los ayuntamientos y el movimiento memorialista".
En concreto, ha precisado que este convenio posibilita empezar a trabajar, de forma que ya se ha firmado el documento para la contratación de un equipo multidisciplinar, con arqueólogos, documentalistas, antropólogos y forenses, que trabajarán en el estudio documental previo en dos fosas de los cementerios de San Rafael y de la Salud.
Dicho equipo será "el que indique cuál es el ritmo de las actuaciones", según ha indicado el consejero de Presidencia, quien ha adelantado que el informe estará realizado "a principios o mediados de abril". Tras este informe, se determinarán los convenios específicos para las distintas actuaciones que se hagan.
Mientras, la alcaldesa ha aseverado que con este protocolo se manifiesta "el compromiso con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía", a la vez que ha pedido "disculpas, porque hay 4.000 familias que levan más de 80 años esperando un momento como este, sin tener un lugar donde llorar a sus seres queridos".
Al respecto, ha valorado que "se sientan las bases para el justo reconocimiento social e institucional a las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en Córdoba", que fue "una de las ciudades más castigadas con un número de víctimas que a día de hoy se buscan". Por tanto, "se aúnan los conceptos de colaboración y coordinación para regir las actuaciones que vayan dirigidas al conocimiento de la historia y el fomento de la memoria democrática", ha apuntado.
En este caso, ha asegurado que "el mayor objetivo es buscar la verdad, la justicia y trabajar en la reparación del daño", algo que pasa por "iniciar los trabajos de localización, excavación e identificación de las víctimas", con "la instalación de hitos y monumentos que permitan honrar su memoria", así como "difundir e informar fundamentalmente a las generaciones más jóvenes, a través de documentales", ha subrayado, para apostillar que "las heridas seguirán abiertas si no se repara la memoria", porque "el pasado no ha estado dignificado".
UN TOTAL DE 191 CUERPOS RECUPERADOS
Hasta el momento en lo que va de legislatura en la provincia se han llevado a cabo ocho intervenciones, tres de ellas en 2015 en Adamuz y Obejo, una en 2016 en Guadalcázar y cuatro en 2017 en Castro del Río, Lucena y Monturque. Desde 2003 hasta 2017 se han desarrollado 14 intervenciones en las que se han recuperado 191 cuerpos y a día de hoy se hacen gestiones para una nueva intervención en Castro de Río y se han recibido en la Junta solicitudes para intervenir en varios municipios más.
Entretanto, el vicepresidente de la Junta ha defendido tener "la perseverancia necesaria para llevar a cabo, no solo ser pioneros, sino lo más importante que es recuperar para la historia del conocimiento actual y la verdad lo que ha sido una auténtica ignominia con el pueblo español", que, según ha resaltado, "tiene que reparar lo ocurrido sin rencores, pero que todo el mundo lo conozca".
En definitiva, el vicepresidente ha destacado el compromiso de la Junta en este campo y ha recordado que el Consejo de Gobierno del 30 de enero acordó iniciar la elaboración del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, que permitirá "establecer un mecanismo que permita conocer con anticipación dónde se va a actuar en el conjunto de Andalucía".
En este sentido, ha resaltado "el grado de compromiso, colaboración y complicidad, obtenido por los todos los agentes implicados para la elaboración de este plan". También, ha valorado la puesta en marcha de una Comisión Técnica, este mismo martes, para planificar actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática en el sistema educativo no universitario.
NOMBRES DE CALLES
Por otra parte, en relación a los cambios de nombres de calles en la capital, Jiménez Barrios ha defendido "el rigor técnico, científico y académico" para declarar que "quien haya participado de hechos que la Ley de Memoria Democrática condena no podrá tener una calle", a lo que ha agregado que "la aplicación de la legislación es para todos".
Además, ha señalado que "desde la sensibilidad todo el mundo tiene que tener el cuidado necesario para comprender que en la recuperación de la memoria se trata de desprenderse de los vestigios de aquellos que participaron en la contienda y fueron también responsables de muchas de las actuaciones que hoy se intentan recuperar".
Asimismo, la regidora ha argumentado que el dictamen de la comisión de memoria histórica es "un documento completo, que no se puede segregar ni mutilar", de modo que "la intención es aprobar en su totalidad todos los contenidos que se establecen".
Igualmente, sobre la campaña de recogida de firmas del PP en contra de cambio de nombre de calles como José Cruz Conde o Conde de Vallellano, ha remarcado que "el cumplimiento de la ley no se somete a referéndum", al tiempo que ha subrayado que "no hay duda" ante la aportación de científicos, académicos y profesionales y que desde el PP "se intenta politizar y casi que hacer una postura partidista".
