HUELVA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha inaugurado este martes, junto con la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta, Purificación Gálvez, y el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, unas jornadas sobre el decreto-ley que establece la Renta Mínima de Inserción Social, que en la provincia va a beneficiar cada año a unas 6.800 personas pertenecientes a 2.360 unidades familiares.
Esta jornadas, que se encuentran dirigidas a profesionales de los servicios sociales comunitarios, tienen el objetivo de consensuar la entrada en funcionamiento de la ley con la que se amplía la cobertura de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social porque, según ha destacado el delegado de la Junta, "aunque la economía está mejorando, aún hay muchos ciudadanos afectados por la crisis a los que les va a costar salir de esta situación, y la Junta tiene que estar ahí y ayudarlos, no podemos dejarlos a un lado".
Por su parte, según ha informado la Junta en una nota de prensa, la secretaria general de Servicios Sociales ha subrayado que, además de la ayuda económica, de acuerdo con el decreto-ley el Servicio Andaluz de Empleo y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante diseñarán un plan de inclusión sociolaboral personalizado que recogerá las actuaciones y medidas que han de desarrollarse con tal fin.
"Este documento deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión e incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres", ha remarcado Purificación Gálvez.
En este sentido, ha explicado que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.
"Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario", ha indicado.
NUEVO DERECHO
Asimismo, la secretaria general del ramo ha señalado que la renta es un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza.
"Es necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central", ha reivindicado.
Gálvez también ha comentado que esta ayuda, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en concreto en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis meses del actual Ingreso Mínimo de Solidaridad).
"Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales", ha detallado.
Durante su intervención, la secretaria general ha indicado igualmente que el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. "Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo", ha añadido.
El decreto-ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las asociaciones de consumidores Facua y UCA, y otras entidades como CEPES y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
CONVALIDAN EL DECRETO
El Parlamento de Andalucía ha convalidado en las últimas semanas el decreto por el que entra en vigor la Ley de Renta Mínima de Inserción Social, la nueva prestación garantizada del sistema público andaluz de servicios sociales. El órgano parlamentario ha ratificado el texto del decreto-ley, aprobado el pasado 19 de diciembre por el Consejo de Gobierno y que fomentará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza.
La nueva renta entró en vigor el 1 de enero y contará con un presupuesto para este año de 198 millones de euros. Según las previsiones de la Junta, para el periodo 2018-2021 se destinarán a esta ayuda económica un total de 819 millones de euros.
