MIJAS (MÁLAGA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha abonado más de 189 millones de euros --189.553.027 euros-- en todo 2019 en prestaciones y servicios de Dependencia en la provincia de Málaga.
Así lo ha señalado la consejera Rocío Ruiz, durante su visita al Ayuntamiento de Mijas (Málaga), donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Josele González.
En concreto, ha precisado, "hemos pagado más de 62,8 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio; más de 54,6 millones en Atención Residencial, cerca de 47 millones a personas beneficiarias de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y 12,6 millones para el servicio de Centros de Día, entre otras".
A esta cuantía habría que añadir, según la consejera, los más de 1,7 millones de euros para los contratos de personal para dependencia de la Diputación de Málaga y los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes para financiar, durante este año, el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia, de los que 78.772 euros corresponden al Ayuntamiento de Mijas.
Durante dicha reunión con la Corporación municipal, Ruiz ha destacado el papel de las entidades locales en el desarrollo de las políticas sociales, "y en prestaciones tan importantes como la atención a la dependencia, la renta mínima de inserción social, los centros municipales de información a la mujer o las ayudas económicas familiares".
En concreto, al Ayuntamiento de Mijas se le ha abonado más de 1,2 millones de euros para el desarrollo de estos programas por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Por otra parte, Ruiz ha resaltado que "gracias al plan de choque en materia de dependencia hemos alcanzado en la provincia de Málaga máximos históricos, con 35.037 personas atendidas --1.486 personas beneficiarias más que a cierre del año pasado-- y 46.990 prestaciones --2.618 más que a cierre del año pasado--".
Además, entre abril y diciembre de 2019, en la provincia de Málaga se ha producido un incremento neto de 1.727 personas beneficiarias y 2.947 prestaciones. La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha señalado a modo de balance que "el año pasado se han grabado un total de 20.722 solicitudes de malagueños y malagueñas tanto iniciales como de revisión, frente a las 13.035 grabadas en 2018".
A este incremento en la grabación de solicitudes hay que sumar la subida en el número de solicitudes iniciales presentadas en 2019, una media de 329 solicitudes mensuales más que en 2018.
Por ello, Ruiz ha advertido de que "en 2019 se ha valorado más, por tanto, la subida de la lista de espera no se debe a una peor gestión sino todo lo contrario, a una gestión mejor y más transparente".
PACTO DE ESTADO
Por otro lado, durante su visita a Mijas, Rocío Ruiz ha recordado el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno por el que se insta al Ejecutivo central a realizar un Pacto de Estado en defensa y garantía del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. La consejera ha explicado que el documento presentado plantea ocho cuestiones como contenidos mínimos a abordar en el Pacto de Estado.
En primer lugar, ha señalado que se plantea establecer una garantía de la financiación del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas Comunidades Autónomas, de manera que cada administración financie el 50 por ciento del presupuesto. En la actualidad, Andalucía está asumiendo el 82 por ciento de la financiación del Sistema de Dependencia.
Además, para poder establecer un sistema de financiación ajustado a la realidad, "que éste sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos manifiestamente erróneos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004) en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia".
Si se comparan dichas previsiones con la realidad de la aplicación de la Ley, resulta evidente que se ha producido una infrafinanciación del Sistema por parte de los Gobiernos de España que, a su vez, supone un incumplimiento grave y continuado del artículo 9, artículo 32 y la disposición adicional primera de la Ley de Dependencia.
También se propone el establecimiento de recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal y la prevención de la dependencia. Asimismo, es necesaria la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables.
La titular de Igualdad ha resaltado que "creemos necesario reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia para personas con discapacidad a los mayores de 65 años, para que no tengan que abandonar los recursos de atención".
"También debemos definir un sistema de atención integrado, que asegure una aplicación análoga de la Ley de Dependencia en todo el territorio nacional. Para ello, planteamos crear una caja única y un Fondo de Garantía de la Dependencia que garantice la financiación del Sistema", ha subrayado.
Por último, ha explicado que "es necesario, además, unificar y simplificar los procedimientos, y revisar la intensidad de protección de los servicios. Y demandamos también una reestructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia".
Así, la consejera ha instado a las diferentes fuerzas políticas, colectivos, agentes sociales, así como cualquier otra entidad representativa de intereses de las personas en situación de dependencia, a la adhesión a dicho Pacto de Estado, así como formular propuestas de desarrollo del mismo.
