Sánchez Haro asegura que Madrid y Bruselas no pueden hacer caso omiso a las demandas de un sector que da "sobradas muestras de responsabilidad"
SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Andalucía "dará la batalla", con la puesta en marcha de las actuaciones "que sean necesarias", para defender un plan de gestión del Mediterráneo que, elaborado conjuntamente con el sector, "garantiza, al mismo tiempo, la sostenibilidad de los recursos y la rentabilidad de una flota que ha dado ya sobradas muestras de responsabilidad", según ha indicado el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro.
En el marco de la reunión del grupo de trabajo constituido para la preservación del caladero y de la actividad, el consejero ha añadido que ni Madrid ni Bruselas pueden hacer caso omiso a unas demandas que son "justas" con la imposición de una reducción del esfuerzo pesquero que "amenaza con romper el equilibrio económico y social".
La propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea (CE) el pasado 19 de marzo en el Consejo de Ministros de Pesca sobre un plan plurianual para especies demersales en el Mediterráneo occidental y la aplicación en España preparada por el Gobierno central cruzan, a juicio de Sánchez Haro, esa "línea roja".
Por ello, como ha anunciado, va a mantener "un contacto permanente con el sector para consensuar las acciones a llevar a cabo para la defensa de los intereses de nuestra flota", entre las que se encuentran, según ha detallado, la búsqueda del apoyo del Parlamento de Andalucía con una iniciativa que se debatirá en el pleno a finales de mayo, la elevación del debate al Congreso de los Diputados e informar a los eurodiputados en el Parlamento Europeo.
El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que el sector del arrastre del Mediterráneo andaluz ya ha realizado una importante reducción del esfuerzo pesquero, "que no han efectuado otras flotas de pesca ni españolas ni europeas, ni mucho menos, todas las que operan en el Mediterráneo", con el desguace de 69 barcos y la disminución de la actividad comercial en las lonjas, los puertos y los municipios costeros a favor de otras zonas.
"Y este sacrifico ha de reconocerse", ha aseverado el consejero, porque "Andalucía ha cumplido con España y con la Unión Europea (UE)". No en vano, es la comunidad autónoma que "más ha contribuido" a que el país alcanzara los objetivos comunitarios de disminuir las capturas en un 30%, aproximadamente.
Rodrigo Sánchez ha sido tajante, en este sentido, al afirmar que "cualquier medida que se tome para la necesaria recuperación de los recursos pesqueros y de los rendimientos máximos sostenibles tiene que asegurar la viabilidad social y económica de una flota compuesta por 655 barcos de 12 puertos y que mantiene 3.000 empleos directos y 4.500 indirectos".
Para ello, según ha expuesto, ha de establecerse un número de días de faena concreto para cada zona de gestión pesquera y se deben atender de forma específica las características y circunstancias de cada especie, de cada pesquería y de cada área, "lejos de reglas generales que no son eficaces". Con esto, ha aludido a su "rechazo absoluto" a un ajuste "indiscriminado" del 10 por ciento anual en todas las zonas por igual e "injustificado" por segmentos de flota. El consejero entiende que es "de justicia y de sentido común" que se tenga en cuenta que uno de cada tres barcos españoles desguazados es andaluz.
El responsable del Gobierno andaluz también ha lamentado, en este punto, que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente haya elaborado un plan de gestión integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, en las pesquerías de cerco, arrastre y artes menores, "por su cuenta y sin contar con la opinión de las comunidades autónomas".
En este contexto, Sánchez Haro plantea que la limitación para 2018 ha de fijarse, al menos, en 210 días de pesca para cada una de las 92 embarcaciones de arrastre andaluzas que faenan en el caladero, y reclama que este tope "nunca" ha de situarse en los años siguientes, en el marco de los sucesivos descensos de ese 10 por ciento que pretende instaurar el Ejecutivo de Rajoy hasta 2020, por debajo de una media de 190 días. "Por una simple razón, porque a partir de esa cifra se comprometería "muy seriamente" el futuro del sector".
De igual modo, Sánchez ha reivindicado que, de llevarse a efecto, la aplicación del porcentaje de reducción para los años 2019 y 2020 tenga en cuenta el esfuerzo real acometido en el año anterior. Se trata de que los días no utilizados, "perfectamente comprobables" a través de las cajas azules y verdes, "computen y bonifiquen" para el siguiente. En este supuesto, "si la flota en su conjunto, por ejemplo, no hiciera uso en 2018 del ocho por ciento de sus posibilidades sólo sufría en 2019 un descenso del dos y no del diez por ciento".
No obstante, el consejero ha insistido en que no comprende la razón por la que se opta por esa reducción anual generalizada y en que lo lógico es que la gestión del esfuerzo pesquero se realice en función de las zonas geográficas marcadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Mediterráneo (las denominadas GSA) y por días globales de pesca por modalidad, no por segmentos de flota.
El consejero ha censurado, además, que el Gobierno central acepte, "sin más", la posibilidad de que Bruselas imponga, por actos delegados, un sistema de Totales Admisibles de Capturas (TAC) si no se alcanza el objetivo del rendimiento máximo sostenible en 2020, así como zonas de veda para la pesca o modificaciones sobre las artes de pesca.
"La aquiescencia del Ejecutivo de Rajoy ante este peligro es inadmisible", ha espetado Sánchez Haro, que considera que "el sector difícilmente podría soportar" la suma de esta nueva limitación tras el sacrificio que ya supone de por sí la reducción del esfuerzo pesquero, sin olvidar, ha apostillado, que en este caladero no sólo faenan barcos europeos, sino que es común a terceros países que no tienen en cuenta a la reglamentación comunitaria o que estados como Francia e Italia han defendido las singularidades de sus flotas.
