SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento andaluz la aprobación inmediata, en esta semana, de una instrucción que posibilitará que más viviendas irregulares accedan a los servicios básicos, mientras que, en paralelo, se está ultimando un decreto ley que, a la espera de la nueva Ley de Urbanismo, será el instrumento que permitirá resolver los problemas de muchas de estas construcciones. Ese decreto ley será aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el actual periodo de sesiones, antes del verano, según ha informado la consejera.
Carazo ha explicado que la aprobación de este decreto ley conlleva la derogación de dos leyes y dos decretos ley hoy vigentes, "adelgazando, simplificando y unificando la normativa en esta materia". Además, ha anunciado que esta misma semana se va a dictar una instrucción permitiendo la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO) en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, "haciendo efectivo lo que hoy recoge la norma al aplicar un nuevo criterio y decisión política".
"Se trata de permitir el reconocimiento AFO sin tantas cortapisas e impedimentos", ha añadido, tras apuntar que el reconocimiento AFO permite a los propietarios el acceso al Registro de la Propiedad, y a los servicios básicos (abastecimiento y depuración de aguas, electricidad y gestión de residuos), mejorando la calidad de vida y la habitabilidad de las viviendas.
En cuanto a la solución a los asentamientos en suelo no urbanizable, la consejera la ha tildado de "más compleja". "La normativa actual no permite otro modo de actuar que incorporar esas urbanizaciones a los planes generales de ordenación urbanística (PGOU), un proceso complejo, lento, y que en numerosos casos ha acabado en PGOU suspendidos o anulados por los tribunales, con lo cual se tarda años en solucionar el problema y la solución nunca llega. Para estos casos no es suficiente una mera instrucción, sino que es necesario cambiar la actual normativa", ha explicado.
Por eso, ha informado de que el nuevo Gobierno andaluz tiene previsto la aprobación de un decreto ley de adecuación ambiental y territorial de las actuaciones irregulares que derogará la normativa anterior (dos leyes y dos decretos) que, además de refundir normas, solucionará el problema de muchos de estos asentamientos.
A continuación, Marifrán Carazo ha detallado qué incluirá este decreto ley: en primer lugar, se permitirá que pueda ser declarado el AFO en viviendas irregulares situadas en los asentamientos, permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad y, con ello, a los servicios básicos. "Hoy por hoy tenemos muchos ciudadanos viviendo en situaciones de salubridad inaceptables", ha lamentado.
En segundo lugar, se prevé resolver el problema de cada asentamiento sin que se tenga que esperar a la aprobación de los planes generales. Se hará a través de planes especiales autónomos no dependientes de esos planes generales. Para la consejera, se trata "de un problema complejo, que tiene muchas aristas, casi tantas como viviendas irregulares existen en Andalucía", de ahí que haya afirmado que "eso supone analizar y estudiar, casi caso a caso, la situación y circunstancias de cada una de esas edificaciones y pensar y definir las diferentes soluciones concretas en los planes especiales".
Además, en esas zonas se adoptarán "medidas para mejorar la calidad ambiental de los asentamientos, como reforestaciones, mejora de riberas, de caminos y otros servicios con coste a cargo de los propietarios, nunca a priori a cargo de las administraciones", según Carazo, quien ha añadido que la Consejería controlará y evitará que se produzcan nuevas actuaciones irregulares. "Por ello, vamos a priorizar la actuación inspectora, creemos que la inspección debe intervenir al principio de la actuación irregular cuando cause menor perjuicio, actuando con responsabilidad en materia de disciplina urbanística", ha dicho.
La consejera ha señalado que las medidas previstas buscan acabar con "la inacción que durante casi cuarenta años se ha generado en torno al problema de las viviendas irregulares por parte de los gobiernos socialistas". "En Andalucía no se ha sabido abordar esta situación anómala que afecta a miles de familias andaluzas. Son unas 300.000 las familias que están a la espera de que la Junta les resuelva, de una vez por todas, un problema que pesa como una losa sobre ellas desde hace años, que les priva de servicios esenciales y les mantiene en una grave inseguridad jurídica", ha denunciado la consejera.
Carazo, que ha apuntado que ha informado a numerosos colectivos de afectados de las nuevas medidas del Ejecutivo, ha añadido que lo que más ha faltado para resolver esta situación ha sido "un Gobierno andaluz valiente". "Los gobiernos anteriores han mirado para otro lado, pero este nuevo Ejecutivo, al contrario que los anteriores, tiene las ideas muy claras y sobre todo una firme y decidida voluntad de arreglar la situación. No vamos a mirar para otro lado", ha concluido la titular de Fomento, que ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios porque "todos compartimos esta preocupación".
La consejera también ha recordado que en estos poco más de cuatro meses de gobierno se ha reunido con los británicos que viven en municipios del Valle de
Almanzora, en Almería; con los propietarios de las parcelaciones de Jaén y Cordoba; con los vecinos del extrarradio de Chiclana (Cádiz); con los de Conil y los del Palmar, en Vejer (Cádiz); y también con el representante de la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) para compartir el análisis de esta situación y hacerles llegar sus propuestas.
INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS
Por su parte, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha manifestado que nuestra obligación es escuchar a los afectados y plantear soluciones y ha defendido las medidas que se adoptaron por los gobiernos socialistas a través de una normativa tan importante como la LOUA y ha rechazado las críticas de "parche" que han hecho otros partidos. Ha pedido a la consejera que explique si las medidas previstas van a suponer una "amnistía", a quién va a cubrir y quiénes van a asumir los costes de las acometidas de luz o agua.
El parlamentario del PP-A Juan Bueno ha señalado que hablar de viviendas irregulares en Andalucía es hablar de otro problema sin resolver en esta comunidad por parte de los distintos gobiernos socialistas, que prometían soluciones a este problema sin que luego no se concretaran. Ha querido lanzar el mensaje a las familias afectadas de que, por fin, hay un Gobierno en esta comunidad que tiene el firme objetivo de dar una solución a esta problemática.
El diputado de Ciudadanos (Cs) Juan de Dios Sánchez ha denunciado que la gestión que hizo el anterior gobierno del PSOE-A ante este problema fue "perfectamente inútil" porque no sirvió "para nada". Ha manifestado que el nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Cs tiene voluntad política de arreglar este problema y acabar con la "maraña" que ha existido durante años.
El parlamentario de Adelante Andalucía Diego Crespo ha señalado que hay que evitar lanzar el mensaje de que quien construya viviendas irregulares, saltándose las normas urbanísticas, pueden estar tranquilos porque luego se van a regularizar y ha mostrado su preocupación por que pueda haber una "amnistía" con la nuevas medidas de la Junta.
El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha pedido a la consejera que aclarara a qué asentamientos van a hacer extensivo el régimen de AFO y ha dicho que si el coste lo van a tener que asumir los propietarios por entero, este tema va a tener poca repercusión, por lo menos, a corto plazo. Ha indicado que hay que dar forzosamente una situación a las 300.000 viviendas irregulares que hay en la comunidad.
