2 de diciembre de 2020
12 de enero de 2020

Junta prevé incentivos para la contratación indefinida tras la realización de prácticas en empresas en Andalucía

Junta prevé incentivos para la contratación indefinida tras la realización de prácticas en empresas en Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), junto a los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo (3i); Empleo, Rocío Blanco (2i); y el consejero de Economía, Rogelio Velasco (1i) ; preside la reunión de la Mesa de Diálogo Social integrada - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo trabaja en una orden con la que aprobar las bases reguladoras de la concesión de incentivos, en régimen de concurrencia no competitiva, para favorecer la creación de empleo indefinido entre personas que hayan realizado prácticas no laborales en empresas en Andalucía en el marco del Programa de Experiencias Profesionales.

De esta manera, esta orden pretende ser una "medida complementaria" a dicho programa de prácticas profesionales no laborales gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según se recoge en el borrador de este texto, consultado por Europa Press y sometido al trámite de información pública.

La Consejería prevé que las contrataciones indefinidas a incentivar sean "las de aquellas personas que han realizado prácticas no laborales", y que las personas beneficiarias de los incentivos sean "las entidades empleadoras que han colaborado en la mejora de esta empleabilidad desarrollando estas prácticas en sus centros de trabajo en Andalucía".

CUANTÍA DE LOS INCENTIVOS

Según contempla el borrador de la orden, la ayuda consistirá en "un incentivo a la contratación indefinida de 8.800 euros a favor de la persona o entidad empleadora por cada nuevo contrato indefinido formalizado, a jornada completa, con una persona que ha realizado las prácticas no laborales en un centro de trabajo de Andalucía".

Esta cuantía "se incrementará un 10% cuando la persona contratada sea mujer", según prevé la Consejería, que también contempla elevar a 10.000 euros el incentivo "cuando la nueva contratación indefinida a jornada completa se realice con personas residentes en Zonas de Inversión Territorial Integrada, determinadas por la Administración competente".

Por el contrario, "cuando el contrato indefinido se realice a jornada parcial, sin que en ningún supuesto ésta pueda ser inferior a 20 horas semanales, la cuantía del incentivo establecida en los apartados anteriores se reducirá en un 50%", según se puede leer en la orden que se está elaborando.

BENEFICIOS DEL EMPLEO INDEFINIDO

"La contratación indefinida es la mejor garantía para reducir las altas tasas de temporalidad, la segmentación del mercado de trabajo y, además, contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas", según defiende la Consejería, que con estos incentivos pretende "aumentar la ocupación de la población activa e incrementar el empleo estable y de calidad, así como conseguir un mercado de trabajo inclusivo, caracterizado por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que favorezca la integración y contratación de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral".

Las líneas de ayuda que se regulan en esta orden "se consideran ayudas de Estado, estando sometidas a la normativa europea prevista para el régimen de 'mínimis'", según se lee en el borrador, que precisa además que estas medidas "no generan rendimientos financieros, en tanto que estos incentivos vienen a financiar contrataciones realizadas con carácter previo a su concesión".

Teniendo en cuenta "el objeto de los incentivos regulados, así como las personas destinatarias", dichas subvenciones "no se someterán al régimen de concurrencia competitiva, no siendo necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas", y se podrán conceder "en atención al cumplimiento de los requisitos exigidos" en las bases reguladoras diseñadas por Empleo, y "estando limitada su concesión por las disponibilidades presupuestarias existentes".

El borrador de la orden contempla como "conceptos subvencionables" la "contratación laboral con carácter indefinido de aquellas personas que hayan sido destinatarias de prácticas no laborales en empresas en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, siempre que la jornada de trabajo no sea inferior a 20 horas semanales", y avisa de que "no serán subvencionables los contratos fijos discontinuos".

De igual forma, la orden en elaboración contempla que quienes podrán solicitar dichas subvenciones serán "las personas trabajadoras autónomas, las empresas privadas, las entidades sin ánimo de lucro, así como otras entidades de carácter privado que hayan suscrito un convenio de prácticas entre la entidad empleadora, centro de trabajo y el Servicio Andaluz de Empleo, para el desarrollo de prácticas profesionales no laborales en Andalucía, en el marco de la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, de prácticas no laborales en empresas".

Empleo no contempla que puedan beneficiarse de estas subvenciones "las administraciones públicas, las entidades y empresas pertenecientes al sector público, incluyéndose dentro de éstas a aquellas entidades o empresas en las que el poder de control o dirección o de designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno sea ostentado por la administración pública o su patrimonio o financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte de fondos públicos".

El proyecto de orden excluye de las entidades que pueden beneficiarse de estos incentivos a aquellas que hayan sido "condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en el último año por prácticas de discriminación laboral o de género, o por falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales", así como "por despido improcedente, en el año en curso, y en el año natural inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de estos incentivos, siempre que no se hubiese optado por la readmisión de la persona trabajadora".

Tampoco las entidades beneficiarias pueden estar "excluidas por sanción firme de los beneficios derivados de los programas de empleo", según se avanza en el documento sometido a información pública.