SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos UGT, CSIF y CCOO para la reincorporación progresiva de los empleados públicos de la Junta de Andalucía y de los entes instrumentales a sus puestos de trabajo de manera presencial a partir del 18 de mayo, cuando se incorporará el 10 por ciento de la plantilla.
El acuerdo se ha cerrado durante la reunión de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta, que se ha celebrado este viernes y que ha tenido una duración superior a las seis horas, según ha confirmado la Junta en una nota.
La administración andaluza agradece el esfuerzo realizado por la parte sindical para llegar a un acuerdo "beneficioso" para todos los empleados públicos. El proceso ya se inició el pasado 13 de abril, cuando se reincorporó el personal alto cargo, y eventual, así como aquel cuya presencia es imprescindible para los servicios esenciales establecidos en la orden de 15 de marzo de 2020.
A partir de ahora, de acuerdo con el calendario que se ha acordado y que está sujeto, en todo caso, a la situación de evolución de la pandemia de acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias competentes, comenzará la reincorporación del resto del personal, pero combinando el trabajo presencial con el teletrabajo. Se han previsto los criterios a tener cuenta para determinar la modalidad de trabajo en cada supuesto, así como medidas que van a permitir la flexibilización de horarios y jornada laboral.
Se aplicarán todas las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales necesarias para minimizar al máximo cualquier riesgo de contagio. Con estos criterios, en una segunda fase, prevista para el próximo 18 de mayo, se incorpora al trabajo presencial prioritariamente el personal de prevención de riesgos laborales y de sectores estratégicos para la recuperación socioeconómica (por ejemplo, licencias urbanísticas o fondos europeos), con el máximo del 10 por ciento de la plantilla total, a excepción de determinados sectores críticos, que previa negociación, se iniciarán con un 30 por ciento.
A partir del 25 de mayo, si se activa la fase II del plan estatal de transición a la nueva normalidad, comenzará la tercera fase, iniciándose la atención a la ciudadanía presencial, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de todos los requisitos de prevención de riesgos laborales y con la implantación progresiva del sistema de cita previa. Asimismo, se aumentará la presencialidad hasta un máximo del 50 por ciento.
La cuarta fase, que se iniciará con la entrada en la fase III del Plan estatal, continuará con la incorporación progresiva hasta un máximo del 70 por ciento del personal. Y la última fase, cuando se alcance la nueva normalidad, en la que se determinará el porcentaje de personal que deba incorporarse presencialmente.
MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD PARA PERSONAS CON MENORES A CARGO
El acuerdo incluye medidas específicas de flexibilidad para atender las necesidades de las personas con menores de 14 años y personas dependientes a su cargo, así como también para la protección de quienes estén incluidos en los grupos de riesgo, que sólo se incorporarán a la actividad presencial previa evaluación individualizada por los servicios de prevención de riesgos laborales de su situación personal y laboral.
Desde el inicio del estado de alarma, la administración andaluza ha continuado prestando servicios tanto de forma presencial, en los casos necesarios para el mantenimiento de los servicios declarados esenciales (es el caso por ejemplo, de determinadas Oficinas de Registro), como a través de modalidades de trabajo no presencial.
Gracias a la profesionalidad, al compromiso y al esfuerzo de todos los empleados y empleadas para poder cumplir sus funciones a través del teletrabajo, con las lógicas dificultades que ha conllevado su implantación, la administración andaluza no ha parado desde el inicio del estado de alarma y ha trabajado activamente para seguir prestando los servicios demandados por la ciudadanía.
En este momento, en el que ya se ha superado la etapa más crítica de la pandemia, se ha alcanzado este acuerdo con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General, que contiene la hoja de ruta necesaria para el proceso gradual de vuelta al trabajo presencial, y que resulta aplicable al personal de todas las Consejerías y sus entidades instrumentales y, en lo que proceda, al personal docente y estatutario.
Se ha acordado la realización de test a los empleados públicos con sintomatología relacionada con el covid-19, o que hayan estado en contacto estrecho con pacientes de dicha enfermedad. Asimismo, se realizarán los test al personal que, atendiendo a la actividad realizada y al puesto desempeñado, mantenga un contacto estrecho y directo con los ciudadanos. En este sentido, se ha concluido con el compromiso de avanzar en la generalización de los test a los empleados públicos, en el contexto de los protocolos de prevención de riesgos laborales aplicables.
