SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha comenzado a trabajar en una Estrategia Andaluza sobre el sinhogarismo.
En la última sesión plenaria del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía se adoptó el acuerdo de constituir un grupo de trabajo con este objetivo, que contará con la participación de entidades locales y de ONGs, así como de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, competente en materia de vivienda.
En palabras de la consejera Rocío Ruiz, "una estrategia que supere el tradicional enfoque de asistencia o supervivencia de las personas bajo mínimos de garantía vital para aspirar a un modelo orientado a que las personas sin hogar restauren su proyecto de vida y se reincorporen nuevamente a la sociedad".
La Junta ha explicado en un comunicado que esta iniciativa se integrará en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía, que actualmente se encuentra en fase de elaboración, y tendrá en cuenta la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 2015-2020.
Asimismo, una vez que se publique el Decreto por el que se apruebe el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, tendrá eficacia jurídica como prestación garantizada, es decir, "como derecho subjetivo". Por lo tanto, el servicio de 'alojamiento alternativo' supone "un paso adelante en el reconocimiento de los derechos sociales de los andaluces".
CENTROS DE ATENCIÓN
El sinhogarismo o la pérdida de vivienda es el peor rostro de la pobreza y la exclusión social. Se trata de un problema poco conocido que ha adolecido tradicionalmente de una falta de políticas integrales en Andalucía para combatirlo, según indica la Junta
Según la Encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar en 2018 realizada el Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía se ofrecieron 2.321 plazas a través de 81 centros de alojamiento, que tuvieron una ocupación media del 83,4 por ciento.
Por otra parte, el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía indica que en la Comunidad hay 112 centros de acogida a personas sin hogar de los que 60 son residenciales y 52 son viviendas tuteladas. Además, 41 centros de acogida con 601 plazas se encuentran autorizados administrativamente.
"Este desfase entre los centros autorizados y los registros del Mapa de Servicios Sociales se debe a que la normativa actualmente vigente no contempla algunas modalidades de dispositivos de acogida a personas sin hogar que han ido surgiendo posteriormente a su aprobación en el año 2000", ha precisado la Junta. Se trata, por ejemplo, de las viviendas tutelas del modelo 'Housing First' dirigidas a personas con una situación cronificada, los centros de convalecencia o los comedores sociales.
Por este motivo, ha señalado que "una de las tareas prioritarias" sobre el sinhogarismo para la Consejería de Igualdad será la actualización de la normativa reguladora de los requisitos materiales y funcionales que han de reunir los centros de servicios sociales con el fin de "dar cabida a todas estas iniciativas que cumplen una importante función social para las personas sin hogar".
Por otra parte, en la lucha contra la pobreza y la exclusión, la Consejería de Igualdad asegura que ya trabaja en la modificación de la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción social "con el objetivo de introducir medidas para facilitar su acceso a personas o familias sin hogar".
Igualmente, ha remitido a las entidades locales unas recomendaciones y buenas prácticas de colaboración de los Servicios Sociales Comunitarios en procedimientos judiciales en los que se acuerda desahucio tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Económicamente, Igualdad ha aportado dos vías de financiación para la red de centros de acogida a personas sin hogar. Por una parte, con las transferencias de crédito a las entidades locales, que invirtieron un total de 5,3 millones de euros en ocho centros públicos que atendieron a 3.004 personas sin hogar a través de 567 plazas.
Por otra parte, la Consejería ha subvencionado en 2019 con 5,7 millones de euros a entidades privadas sin ánimo de lucro: 4,5 millones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF y 1,2 millones mediante la convocatoria de subvenciones autofinanciadas.
