20 de octubre de 2020
18 de septiembre de 2020

La Mesa por el Comercio Seguro de Andalucía luchará contra la actividad ilegal y la competencia desleal

La Mesa por el Comercio Seguro de Andalucía luchará contra la actividad ilegal y la competencia desleal
[Sevilla] [L Enviosprensa.Ceceu] Nota Consejería Transformación Económica. Constituida En Andalucía La Mesa Por El Comercio Seguro Para Luchar Contra La Actividad Ilegal Y La Competencia Desleal - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por el Comercio Seguro ha quedado constituida este viernes en Andalucía con el fin de luchar contra los delitos de seguridad en el sector y contra la actividad ilegal que genera competencia desleal y pérdidas millonarias a su tejido empresarial.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha impulsado esta iniciativa en colaboración con el Gobierno central, municipios y agentes económicos y sociales y "se convierte así en la primera comunidad autónoma que pone en marcha este instrumento con el fin de trabajar de forma coordinada para combatir delitos como el hurto multirreincidente, el intrusismo o la venta ilegal de productos falsificados".

Según ha informado la consejería en un comunicado, el consejero del ramo, Rogelio Velasco, ha presidido la conformación de este instrumento, en el que están representados la Junta --a través de las consejerías de Turismo, Presidencia, Transformación Económica y Salud--, la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos más representativos en la región (CC.OO y UGT) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

En la sesión de constitución, los diferentes miembros de dicha mesa han aportado "una serie de propuestas que servirán de base para fijar una programación de actuaciones e iniciativas a desarrollar", pero durante su intervención, Velasco ha subrayado que "con esta iniciativa que arranca hoy es posible avanzar hacia un comercio más seguro y garantizar que las actividades ilegales vayan desapareciendo de pueblos y ciudades".

A su juicio, mediante esta mesa, "todas las administraciones públicas con competencia en comercio, seguridad, justicia y consumo podrán trabajar de la mano de los agentes económicos y sociales implicados para la adopción de medidas y propuestas que ayuden a mejorar las condiciones de esta actividad".

El titular de Transformación Económica ha destacado que "es necesario actuar para evitar la compra de productos falsificados que atentan contra la propiedad intelectual o industrial y que en su mayoría provienen de delitos de robo o hurto". "No podemos ser cómplices y nos toca actuar con conciencia y solidaridad hacia nuestros comercios que tanto nos reportan cada día", ha apostillado.

Esta medida se incluye en el VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2019-2022, que cuenta con una dotación superior a 49 millones de euros.

Aprobado a finales del pasado ejercicio, dicho plan, según ha recordado la Junta, "tiene como finalidad la modernización de las pequeñas y medianas empresas, el fomento del asociacionismo comercial, el impulso de la innovación, la promoción de la competitividad y el emprendimiento y la mejora de la cualificación profesional".

PÉRDIDAS SUPERIORES A 5.645 MILLONES

El hurto reincidente en comercios en el territorio nacional supone pérdidas cercanas a los 3.645 millones de euros tanto por las mermas (2.542 millones), como por el coste en inversión en seguridad (1.103 millones), lo que representa 78 euros por persona al año en todo el país, según un estudio realizado por Crime&tech con el apoyo de Checkpoint Systems.

Por otro lado, la venta de productos falsificados genera pérdidas de más de 2.000 millones de euros anuales a los comerciantes y las industrias del país, perjudicando directamente al comercio de proximidad. Además, esta práctica ilegal también afecta a las haciendas municipales, ya que no aporta ingresos por los derechos de ocupación de la vía pública, no tiene obligaciones tributarias y no abona licencias de actividad, ha subrayado la Consejería.