SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado en la Comisión de Discapacidad del Parlamento que el anteproyecto de Presupuestos para el año 2021 contempla una partida específica a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) para la prestación de asistencia personal, un recurso especialmente dirigido a las personas mayores y con discapacidad y que, en la actualidad, es prácticamente inexistente en la comunidad.
"Esta dotación, que se realiza por primera vez, evidencia la apuesta y compromiso firme y decidido de un Gobierno por su desarrollo, con una memoria económica que respalda el reconocimiento de este derecho", ha destacado.
Ruiz ha informado asimismo que en Andalucía, la prestación de la asistencia personal, "tal y como está configurada por el anterior Gobierno de la Junta, apenas ha tenido impacto. De hecho, solo cuenta con 13 personas beneficiarias. Por tanto, su desarrollo ha sido un absoluto fracaso, así como ser a día de hoy una prestación desconocida, poco divulgada y muy poco solicitada".
Sin embargo, ha adelantado que la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión y la propia Assda "se encuentran trabajando conjuntamente en el Proyecto de Decreto que desarrollará esta prestación del Sistema de la Dependencia en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Un Decreto que se encuentra ya en fase muy avanzada".
La consejera ha insistido en que la figura de la asistencia personal puede dar respuesta a la tendencia hacia el envejecimiento de la población "tal y como sucede en países de nuestro entorno, en los que la atención domiciliaria y personal de las personas mayores y con discapacidad se ha reconocido como más favorable y humana que la hospitalaria y asistencial. A lo que se ha sumado la actual situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 que está evidenciando, aún más, la necesidad de replantear los modelos de atención a la dependencia para hacerlos más centrados en la persona".
Finalmente, ha destacado el impacto económico y de creación de empleo que puede suponer el impulso de esta prestación intensiva en mano de obra. Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, por cada 100 euros destinados por persona al año en asistencia personal, retornan a la sociedad entre 132 y 144. Sin embargo, en la actualidad en el Estado español, según datos de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, "esta prestación económica solo supone el 1,3 por ciento de las mismas y, por lo tanto, no ha servido para que las personas que optan por un modelo de vida independiente se acojan a ella".
En este sentido, Ruiz ha destacado "las bajas cuantías, el escaso número de horas y las diferencias territoriales como los obstáculos necesarios a salvar para una implantación definitiva de esta prestación en todo el territorio nacional". Para lo que se constituyó un grupo de trabajo desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) con la participación de todas las comunidades autónomas que "no ha llegado aún a ningún acuerdo en el Consejo Territorial de Servicios Sociales".
La prestación de la asistencia personal, prevista desde 2006 en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está avalada por las conclusiones de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006 que superaban definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad para abordar una nueva basada en los derechos humanos que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos en plenitud, "que nos emplaza a los poderes públicos, tanto a este Gobierno como a este Parlamente, a trabajar para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos subjetivos", ha concluido Ruiz.
