La puesta en marcha de la ayuda ascendería a 280 millones de euros
VITORIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Aralar en el Parlamento vasco, Aintzane Ezenarro, reclamó hoy al Gobierno vasco que ponga en marcha un programa de protección para desempleados, consistente en la aportación de una ayuda de 624 euros mensuales, por un periodo de un año, para todos los parados que hayan agotado las prestaciones por desempleo. El plan, propuesto ante la "insuficiente" ayuda de 420 euros del Gobierno central, costaría unos 280 millones de euros y se destinaría a las 30.000 personas que se encuentran en esta situación en Euskadi.
La propuesta registrada por Aralar en el Parlamento vasco, que este grupo espera que sea debatida de forma urgente, plantea una ayuda de carácter temporal que supondría "una actuación excepcional ante la gravedad de la situación" actual, según explicó Ezenarro en rueda de prensa.
La parlamentaria de Aralar enmarcó este programa en un conjunto de iniciativas que su grupo considera necesarias para hacer frente a la crisis económica, entre las que se encuentra la propuesta de "invertir" la política fiscal para gravar "las rentas más altas, sobre todo de capital", y "recuperar" el Impuesto de Patrimonio.
Tras recordar que en Euskadi hay más de 120.000 personas en paro y que más de 30.000 de ellas han agotado el subsidio por desempleo, denunció que la Ley contra la exclusión social "se queda corta y no garantiza un nivel de vida digno" para las personas en riesgo de exclusión. A su juicio, la ayuda de 420 euros aprobada por el Gobierno central para los desempleados que se quedaron sin cobertura tras el 1 de enero también es "absolutamente insuficiente".
Por todo ello, propuso establecer un nuevo programa de protección para todas las personas que hayan agotado su prestación por desempleo en Euskadi, sin establecer ninguna otra condición para recibir la ayuda. En su propuesta, Aralar pide al Ejecutivo vasco que ponga en marcha un programa temporal de protección para las personas que hayan agotado sus prestaciones. La ayuda sería equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente establecido en 624 euros mensuales, y se concedería por espacio de un año.
Este grupo plantea que la prestación se vincule al programa de formación actualmente en vigor para trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (EREs). Según Aralar, la concesión de estas ayudas costaría unos 280 millones de euros. A su juicio, la caída de la recaudación derivada de la crisis no debería ser obstáculo para la puesta en marcha de la iniciativa, puesto que su coste es menor al de otras medidas excepcionales como los avales concedidos a empresas.
POLÍTICAS DE EMPLEO
Ezenarro explicó que la financiación de esta iniciativa "tendría que ser uno de los puntos de la negociación de la transferencia de las políticas de empleo". Las conversaciones sobre estas competencias seguirán adelante en la jornada de hoy, con el encuentro que celebrarán en Vitoria el vicepresidente tercero del Ejecutivo central, Manuel Chaves, y el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, quien también se encarga de las labores de coordinación en el seno del Ejecutivo.
La portavoz de Aralar en la Cámara vasca confió en que el encuentro entre ambas administraciones sirva para "concretar" la forma en la que se llevará a cabo esta transferencia. Ezenarro subrayó la importancia de que la asunción de nuevas competencias se vea acompañada de una financiación suficiente para poder llevarlas a cabo, aunque no precisó a cuánto debería ascender dicha aportación enconómica.
