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BILBAO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha revocado parcialmente la sentencia condenatoria contra CAF y Astilleros Valenciaga del Juzgado de lo Social Nº 3 de San Sebastián y ha aumentado al 35% el Recargo a pagar por las prestaciones económicas derivadas del Mesotelioma y muerte del trabajador F.G.N, por no cumplir con las obligaciones técnicas, organizativas y de protección individual o colectivas y de vigilancia de la salud.
Según ha informado la Asociación vasca de las víctimas del amianto, ASVIAMIE, F.G.N. trabajó entre 1968 y 1973 como pinche en Astilleros Valenciaga SA y de 1982 a 2008 en CAF de Beasain, manteniendo contacto con amianto en ambas empresas, dispersando las fibras con el oxicorte, "sin información del riesgo, pese a que ya en 1967 se conocía que el amianto podía provocar graves enfermedades mortales".
En julio de 2010, al operario se le diagnosticó un Mesotelioma Pleural, Fibrosis pulmonar sugestiva de Asbestosis y neoplasia del pulmón, reconociéndole seis meses más tarde la Incapacidad Permanente Absoluta por enfermedad profesional.
Mientras el INSS rechazó la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad con el amianto, causante de la enfermedad profesional, la sentencia del Juzgado Nº 3 de San Sebastián revocaba dicha Resolución administrativa, condenando a ambas empresas al pago de un 30% de Recargo por falta de medidas de seguridad. Esta sentencia fue recurrida por las empresas, tratando de culpabilizar al enfermo por su hábito de fumar.
La sentencia considera que "no es razonable partir del tabaquismo, como elemento reductor de la responsabilidad empresarial, ni consta que tal hábito incrementase el riesgo de contraer Mesotelioma pleural". En todo caso, señala la sentencia, "habría que valorar en la concurrencia de culpas en la compensación del daño".
ASVIAMIE ha denunciado la actitud del INSS, con sus reiteradas Resoluciones rechazando el Recargo por falta de medidas de seguridad en las enfermedades profesionales derivadas del amianto, pese a las continuas sentencias y Doctrina del Tribunal Supremo, señalando la "amplia" legislación, existente desde los años 50 y que las empresas "incumplieron de forma generalizada".
A su juicio, con ese "descarado intento, el INSS y la Inspección de Trabajo tratan de eludir las responsabilidades empresariales, obligando a las víctimas a judicializar sus justas demandas".
