Se plantean como reto el desarrollo del expediente digital porque el sistema informático de Euskadi está "totalmente obsoleto"
BILBAO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los cuatro candidatos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que han comparecido este lunes ante el CGPJ, por teleconferencia, para explicar los planteamientos de sus programas de actuación, han defendido la necesidad de reforzar los Juzgados de lo Social y lo Mercantil, ya saturados antes de la pandemia del coronavirus, y que han visto o verán incrementados los asuntos de manera "extraordinaria" por la incidencia de la covid-19.
La presidenta en funciones del TSJPV y de la Sala de lo Social, Gabiñe Biurrun; el presidente de la Sala de lo Contencioso administrativo, Luis Garrido; el magistrado de la Sala Civil y Penal Antonio García, y el juez de lo Mercantil en la Audiencia de Navarra, Edorta Etxarandio, se han marcado como objetivo el desarrollo del expediente digital, tras haber quedado "constatado" durante el coronavirus, que el sistema informático de Euskadi está "totalmente obsoleto".
Este martes también explicarán sus proyectos ante la comisión permanente del Consejo los otros dos aspirantes a la presidencia del alto Tribunal vasco: los máximos representantes de la Audiencia Provincial de Álava y de Gipuzkoa, Mercedes Guerrero e Iñaki Subijana, respectivamente.
Biurrun ha destacado la necesidad, "particularmente en estos momentos", de medidas de mejora en varios niveles, pero se ha referido solo a las jurisdicciones que tienen mayores problemas en la actualidad, como la Social, "que ya arrastraba, particularmente en Bilbao, unas dificultades estructurales", así como la de lo Mercantil.
La magistrada ha indicado que, "por razón de la epidemia y sus consecuencias", la situación de los juzgados de lo Social "se va a complicar mucho", lo mismo que, en su opinión, ocurrirá en lo Mercantil, "por razón de congestión anterior, y por las consecuencias de la covid". También ha puesto la atención en los órganos dedicados a las cláusulas suelo.
Por ello, ha reclamado "un amplio despliegue de refuerzos por varias vías y, sobre todo, la creación de hasta once órganos judiciales con carácter inmediato y urgente", sin perjuicio de que se impulse, desde la Presidencia del TSJPV, un estudio para la reforma de la Ley de Demarcación y Planta, con el fin de ajustar el número de órganos judiciales a las necesidades actuales.
Los refuerzos no deben ser solo personales, sino también materiales, según ha subrayado, ya que, "probablemente, hagan falta espacios para uso judicial fuera de los edificios judiciales".
SISTEMA TELEMÁTICO
Además, ha pedido "la garantía plena de la realización de la actividad telemáticamente". "Durante este tiempo, la Comunidad Autónoma y nuestro Tribunal Superior han quedado desnudos en cuanto al expediente digital. Éramos perfectamente conscientes de las dificultades que había a este respecto, porque el Gobierno Vasco había hecho caso omiso a todos los requerimientos, peticiones y solicitudes de que se abordara esta cuestión. Hasta ahora no se ha abordado y es absolutamente urgente", ha denunciado.
En esta línea, ha afirmado que las últimas informaciones apuntaban a que el Ejecutivo autonómico "se había comprometido ya en este sentido e incluso había elegido el sistema de gestión procesal Avantius, que rige en Navarra y en alguna otra Comunidad". "Pero, con el cambio de Gobierno, habrá que esperar", ha apuntado.
Edorta Etxarandio también se ha referido al expediente judicial informático, para recordar que en la Audiencia de Navarra se trabaja con Avantis, y en Euskadi se podría haber evitado mucho del "atasco" que tiene en la actualidad, "con las mismas medidas que se tienen a pocos kilómetros", en referencia a la Comunidad Foral.
Etxarandio, que fue Juez de lo Mercantil de Bilbao, ha advertido del colapso que se producirá en esta jurisdicción en 2021 en la Comunidad Autónoma Vasca por los asuntos relacionados con la covid, y ha recordado que, antes de la pandemia, estos órganos judiciales ya estaban "lastrados" por una pendencia "exagerada". En este sentido, ha defendido el autorrefuerzo como la mejor fórmula y más eficaz para tratar de solventar este problema.
CARGA "EXTRAORDINARIA" DE TRABAJO
El presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Luis Garrido, que también ha abogado por "las ventajas" del autorrefuerzo y las comisiones de servicios, ha emplazado a reforzar, sobre todo, los Juzgados de lo Social, aunque posteriormente también se apoye a otros de otras jurisdicciones, como la de lo Mercantil, que tiene "una carga de trabajo extraordinaria".
Garrido ha insistido, además, en que el País Vasco se ha quedado "totalmente obsoleto en el ámbito informático". "No tenemos expediente digital, algo que, durante la pandemia, ha sido un gran problema", ha apuntado.
Por ello, se marca como objetivo que haya "un expediente digital digno". "Ahora mismo ésta es una prioridad número uno, la modernización informática y expediente digital, en coordinación con la comunidad autónoma. Ahora hay un nuevo Departamento de Justicia, y a ver si podemos darle un impulso, aunque sea adquiriendo alguno de los sistemas que ya están en otras comunidades autónomas", ha afirmado.
Aunque ha precisado que otro de los retos es la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Bilbao, ha considerado que sería una prioridad "no inmediata", por la carencia de espacio en la que ubicarla. Asimismo, ha subrayado que, "sin expediente digital, quedaría coja".
El aumento de las dependencias judiciales, sobre todo en las capitales de los territorios históricos, y la intensificación de la mediación han sido otras de las necesidades que han destacado los candidatos a la presidencia del TSJPV.
Durante su comparecencia, el presidente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, Antonio García, se ha comprometido con la creación y refuerzo de los órganos judiciales, a impulsar un programa de rehabilitación y mejora edificios judiciales, y a buscar la mejora de los servicios de informática judicial y promover planes de formación, entre otras cosas.
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Asimismo, García ha afirmado que la Presidencia del TSJPV, "en el ejercicio de su condición de representante ordinario del Poder Judicial" en la Comunidad Autónoma Vasca, "debe velar por el respeto de la posición institucional de este Tribunal Superior como órgano estatutario", y marcarse como objetivo la "consolidación de la Presidencia del TSJ en el sistema y en la arquitectura institucional" de Euskadi.
"Y esa consolidación pasa por el reconocimiento institucional del Tribunal Superior como un poder público esencial e ineludible para el enmarque de la Comunidad Autónoma en los parámetros que definen la forma de articulación de los poderes públicos que conocemos como Estado Constitucional de Derecho, en su forma de Estado de las Autonomías, que su presidente, como representante ordinario del Poder Judicial, debe exigir y preservar", ha indicado.
También ha considerado "innegable, al propio tiempo, que la Presidencia del TSJPV debe contribuir a la satisfacción de los intereses públicos que el Estatuto de Autonomía sitúa en la órbita de la Administración de Justicia".
COOPERACIÓN
Sobre las relaciones institucionales, ha defendido que los poderes "tienen que estar divididos y construirse a partir de pesos y contrapesos, pero no pueden estar separados, porque tienen que interactuar y cooperar, al menos por el objetivo compartido de la consecución del bien común y la preservación de la paz social".
Por ello, cree que la Presidencia debe "intentar afianzar el vínculo institucional del Poder judicial con la Lehendakaritza, el Parlamento Vasco y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, fomentando una relación deferente, de lealtad y respeto mutuo".
