VITORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) - Esta primera jornada del proceso, centrado en la mayor presunta causa de corrupción de la historia en Euskadi, se encuentra rodeada de una gran expectación mediática, por lo que en el Palacio de Justicia de Vitoria se ha habilitado una sala de prensa para que los periodistas puedan seguir desde ella el desarrollo de las sesiones. En esta causa judicial, que se inició en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria, se investiga una presunta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales vinculada a destacados exdirigentes del PNV alavés. El plan para llevar a cabo estas actuaciones --explica el escrito Ministerio Público-- "fue acordado" por Alfredo de Miguel; su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria; la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez. De Miguel, según el fiscal, "aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV, y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades", utilizó este entramado "para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas". La red que, según el fiscal, diseñó De Miguel, se dedicaba, principalmente, a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV". El ministerio público considera que estas contrataciones se adjudicaban a empresas propiedad del exdirigente jeltzale, como Kataia Consulting, o a terceras personas u otras empresas con las que De Miguel "mantenía relación o vinculación de una u otra manera". A través de esas contrataciones, la red obtenía distintas cantidades de dinero "por trabajos que nunca fueron realmente hechos". La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales atribuidos al principal acusado en esta causa se encuentran, además, el blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias. La suma de penas solicitadas por estos tipos penales es de 54 años y diez meses de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama a De Miguel el pago de una fianza de 25 millones de euros. Entre los imputados también figura Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud, también en el gabinete de Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y el exdirector de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría. También están imputados Maria Justina Angulo, Alfonso Arriola, Jesús José Arruti, Estíbaliz Arruti, Josu Arruti, Araceli Bajo, Miren Bilbao, Ainhoa Bilbao, Placid Casas, Aintzane de Miguel, Gorka Errasti, Iñaki Etxaburu, Francesc Fernández, Sergio Fernández, Iratxe Gaztelu, Prudencio del Hierro, Josu Montes, Joaquin Sabater, Iñaki San Juan y Ramón Tomas i Riba. El fiscal detalla que los implicados en esta presunta red corrupta se dedicaban a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".
