BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, consideró hoy que, en caso de que finalmente sea aprobado el proyecto de Ley de Convocatoria y Regulación de Consulta Popular impulsado por el Gobierno vasco, "está abocado" al recurso de inconstitucionalidad y que, a su entender, "al final será suspendido". Asimismo, indicó que "no hace falta recurrir a procedimientos extraordinarios" ya que el Estado de derecho "tiene los mecanismos para depurar eventualmente estas iniciativas que se pueden considerara contrarias a la Constitución".
Tapia se pronunció de esta manera, en declaraciones a Europa Press, insistiendo en que este tipo de consultas, independientemente de "cómo le llamen", requieren "una base jurídica constitucional mínima". Tras indicar que "esto es lo más parecido a un referéndum", recordó que algunas comunidades autónomas, en su reformas estatutarias, han introducido la posibilidad de realizar consultas, pero, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, "no está previsto" en su estatuto.
Según señaló, "no existe una base jurídica mínima que permita estos referéndum". En este sentido, añadió que "está claro" en la Ley de Referendum que "el único que puede convocar esto es el Gobierno de la nación" y precisó que "estos sistemas de participación popular requieren poner en marcha una maquinaria electoral que realmente hoy en día sólo podría poner en marcha" el Ejecutivo central.
A su entender, si bien "en derecho todo se puede intentar justificar más o menos" y "por eso se ha intentado hacer una ley y no hacer una cosa fuera de todo procedimiento legislativo", en su opinión la propuesta del Gobierno vasco es "inconstitucional".
Por ello, consideró que, en caso de que esta ley se apruebe en el Parlamento vasco, "está abocada a que el presidente del Gobierno plantee un recurso de inconstitucionalidad de esta convocatoria y al final sea suspendido". "Haciendo una prospección sobre lo que pueda dictar el Tribunal Constitucional, parece que sí que podría prosperar el recurso del presidente del Gobierno", estimó.
En este sentido, recordó que existe "un precedente claro" en el que, "con motivo del primer plan Ibarretxe", el Ejecutivo central "intentó paralizar incluso en el propio trámite parlamentario y el Tribunal Constitucional dijo que no podía, aunque hubo división de opiniones", teniendo en cuenta que "para poder impugnarse tiene que ser una norma con rango de ley". Además, recordó que también se planteó esta cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y "terminó siguiendo el mismo argumento".
En este sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia advirtió de que "puede ocurrir incluso que ni llegue a ser ley" la propuesta de proyecto.
Asimismo, rechazó que la propuesta suponga "un desafío al Estado de derecho". "Esto es un sistema probablemente pensado desde una perspectiva jurídica, aunque pueda ser minoritaria o equivocada, y lo que hay que transmitir es que el Estado de derecho tiene también los mecanismos para depurar eventualmente estas iniciativas que se pueden considerara contrarias a la Constitución y que no hace falta recurrir a procedimientos extraordinarios", manifestó.
