CSIF pide a Gobierno Vasco un plan de pagos para compensar la diferencia de jubilación de 1.300 trabajadores de Justicia

Palacio de justicia de vitoria
GOBIERNO VASCO - Archivo
Publicado: lunes, 20 mayo 2019 13:28

Pretende que la oposición en el Parlamento Vasco se una para apoyar sus reivindicaciones como hizo en el caso de los profesores

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF pretende que el Parlamento Vasco reclame al Gobierno autonómico "un plan de pagos" para compensar la jubilación de casi 1.300 trabajadores de la Administración de Justicia, que están englobados dentro del régimen de 'clases pasivas' y que realizan el mismo trabajo que otros tantos empleados que cotizan a la Seguridad Social.

Se trata de 1288 gestores, tramitadores y auxiliares, cuya "desigualdad" a la hora de jubilarse respecto al personal que realiza la cotización por la Seguridad Social, ha reconocido el propio Ejecutivo en un informe que elaboró obligado por sentencia judicial, según ha asegurado a Europa Press el responsable de la central sindical en Álava y presidente de la Junta de Personal, Segundo Alvarez Bragado.

Las diferencias tienen su origen en la transferencia a Euskadi de la competencia sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia, que se acordó en febrero de 1996. Alvarez ha afirmado que el acuerdo regulador de 2010 contemplaba la obligación de cuantificación y la posibilidad del abono de una compensación para favorecer la equiparación de ambos colectivos, que suman cerca de 2.600 trabajadores.

El estudio comparativo lo ha tenido que elaborar el Gobierno Vasco en cumplimiento de una sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de octubre de 2017. El informe apunta que las diferencias de pensión por mes de los 1.300 respecto al resto supone, en el caso de los auxiliares judiciales de 1.000 euros, de 800 en el de los tramitadores y de 300 en el de los gestores.

CSIF cree que, una vez que este informe "ha determinado la existencia de una desigualdad" de estos funcionarios de las clases pasivas, el Ejecutivo debe concretar la cuantificación económica que supondría la equiparación y establecer la forma de hacer el abono "de tal diferencia en la pensión de jubilación".

El Departamento de Justicia, mediante resolución del 10 de abril de 2018, desestimó la solicitud de dotación presupuestaria para garantizar el abono del complemento de equiparación de jubilación del personal de Justicia en régimen de clases pasivas, y el sindicato interpuso demanda.

El Gobierno Vasco alega que carece de competencia para determinar y conceder complementos de equiparación en materia de pensiones y que solo estaba obligado a elaborar el estudio comparativo. Por su parte, CSIF argumenta que es posible complementar las pensiones por parte de la Administración vasca "desde la perspectiva de la asistencia social".

"Se trata de equiparar con el régimen de la Seguridad Social a un específico colectivo de funcionarios a los que su régimen asistencial les coloca, de cara a la jubilación, en una peor situación respecto a quienes han podido optar al Régimen General de la Seguridad Social y que, por tal motivo, cobran una mayor pensión", explica la central sindical.

CSIF subraya que, para que no se produzca "un quebranto al régimen competencial existente", se recurriría a establecer "una cantidad compensatoria que iría al margen de la cantidad resultante de ambas pensiones y de cuyo abono se encargaría el propio Gobierno Vasco, a través de sus Presupuestos, que es el compromiso alcanzado en el acuerdo regulador".

AL PARLAMENTO VASCO

El sindicato tiene intención de pedir a los partidos de la oposición en el Parlamento vasco que trasladen sus reivindicaciones a la Cámara y, de momento, ya se han puesto en contacto con parlamentarios de Elkarrekin Podemos.

De esta forma, pretende que el grupo morado, EH Bildu y el PP en el Legislativo vasco se unan para sacar adelante sus planteamientos, como ocurrió hace algo más de dos semanas, cuando sumaron para reclamar para los profesores prejubilados las indemnizaciones que la legislación preveía y que fueron suspendidas con la llegada de la crisis.