EB amplía la querella criminal contra Marruecos por "intento de exterminio" del pueblo saharaui

Actualizado: domingo, 5 diciembre 2010 12:52

Pide testificar a periodistas de la SER y de la ONG Resistencia Saharaui

BILBAO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ezker Batua-Berdeak, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) y La Fundación Mundubat han presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid una ampliación de querella contra más de diez responsables de la Gendarmería y del Ejército marroquíes por los sucesos ocurridos el pasado mes de noviembre en El Aaiún, que podrían constituir delitos continuados de "genocidio y torturas".

Según ha informado EB, la querella, ahora ampliada, se inició a consecuencia de los hechos ocurridos a partir de 1975 en el Sáhara Occidental, constitutivos de un delito de torturas y genocidio en relación concursal con delitos de asesinatos, lesiones y detenciones ilegales.

La comisión de tales hechos fue atribuida a más de diez responsables de la Gendarmería, entre ellos el general Housni Ben Sliman, y del Ejército marroquíes.

EB, IEPALA y Mundubat señalan en el nuevo escrito que los recientes hechos ocurridos en El Aaiún a principios de noviembre y que todavía continúan "forman parte de un presunto plan premeditado de exterminio del pueblo saharaui por parte de Marruecos".

RELATO DE HECHOS

Según relatan, el pasado 8 de noviembre el Ejército marroquí desmanteló por la fuerza el campamento de protesta pacífica "Gdeim Izik", situado en los alrededores de El Aaiún y en el que convivían más de 25.000 saharauis en 7.500 jaimas. Las fuerzas militares realizaron un uso "desproporcionado" de la fuerza contra una población civil "desarmada" y que protestaba contra las difíciles condiciones de vida a que les somete el Reino Alaui.

Distintas fuentes sostienen que durante el desmantelamiento, se produjeron entre 18 fallecidos, 720 heridos y 159 desaparecidos, mientras que un comunicado de la Fiscalía marroquí situaba el número de personas internadas en la cárcel Negra de El Aaiún en 70, entre ellas, el líder de la resistencia del campamento Mohamed Bourial. Ese mismo día, según testimonios de diversos testigos, el ciudadano español Babi Hamday Buyema fue asesinado por fuerzas policiales.

En días posteriores, las Fuerzas de Seguridad marroquíes realizaron registros casa por casa, decretaron toque de queda en el Sáhara Occidental y comenzaron una operación militar y policial de "acoso" a la población saharaui, que incluyó "arrestos, registros violentos sin autorización judicial, puesta en marcha de grupos paramilitares y uso desproporcionado de la fuerza".

Ezker Batua, IEPALA y Mundubat entienden que los hechos expuestos podrían constituir un delito de lesa humanidad, otro de torturas, así como de genocidio en relación concursal con varios delitos de asesinato, lesiones y detenciones ilegales.

"PLAN CRIMINAL"

A su juicio, la actuación de las fuerzas policiales y militares forma parte de un "plan criminal" que presuntamente persigue "destruir total o parcialmente a un grupo nacional -el saharaui- mediante el asesinato de sus miembros y su sometimiento a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, a desplazamientos forzosos y a cualquier medida que impida su género de vida y reproducción".

En la ampliación de la denuncia, los querellantes piden que se practiquen pruebas documentales en función de lo relatado en artículos de prensa y en testimonios de radio y televisión.

También plantea realizar prueba testifical de los dos miembros de la organización Resistencia Saharaui, Isabel Terraza y Antonio Velásquez, que fueron testigos directos de los hechos relatados en la querella, así como de los periodistas de la Cadena SER Angels Barceló, Nicolás Castellanos y Angel García, y del responsable de Human Rights Watch en el Sáhara Occidental, Peter Obuckaert.

Para finalizar, Ezker Batua, IEPALA Mundubat solicitan al Juzgado Central de Instrucción número 5 que dirija las investigaciones contra quienes, a la vista de ellas, resulten penalmente responsables de los crímenes cometidos, en especial contra el general jefe de la Gendarmería marroquí, Housni Ben Sliman, ya imputado en esta causa.