BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos ELA y LAB han denunciado que el Lehendakari Iñigo Urkullu haya rechazado una reunión con sus secretarios generales para darle a conocer "de primera mano" la motivación y las reivindicaciones de la convocatoria de huelga del 30 de enero. Asimismo, han criticado que, mientras la presidenta de Navarra, María Chivite, ha aceptado celebrar el encuentro, Urkullu "ha vuelto a dejar claro del lado de quién está" porque "comparte muchos espacios con la patronal que impulsa la precariedad".
En un comunicado conjunto, dado a conocer este viernes, ELA y LAB han acusado a Urkullu que, con su negativa a reunirse con sus líderes sindicales, "deja claro que rechaza esta convocatoria de huelga de arriba abajo" y, mientras pone a la patronal "la alfombra roja, no quiere reunirse con la mayoría sindical y social de este país que realiza propuestas para terminar con la precariedad y la pobreza".
En su escrito conjunto, las dos centrales sindicales nacionalistas han recordado que, con motivo de la huelga general del 30 de enero, los firmantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria enviaron "al Lehendakari Urkullu y a la Presidenta Chivite sendas cartas, firmadas por los secretarios generales de ELA y LAB, en las que solicitaban reunirse con ellos para trasladarles los detalles de esta convocatoria".
En ese sentido, consideraban que "celebrar estas reuniones era importante para explicar de primera mano la motivación y las reivindicaciones principales de la convocatoria, como son las pensiones y la mejora de las condiciones laborales y sociales".
Igualmente, querían "conocer la opinión de los dos gobiernos sobre las demandas recogidas en la convocatoria, en especial las que están en su ámbito de competencia" porque, a su juicio, "una parte importante de las reivindicaciones son competencia propia, como la mejora de la pensiones mínimas o las medidas para acabar con la precariedad laboral en los ámbitos laborales directos e indirectos de la administración".
Junto a ellas, consideran de su competencia aspectos como "la eliminación de la brecha salarial o el reconocimiento de derechos sociales como el acceso a una vivienda de alquiler social, la mejora en la cobertura y las garantías en el sector de la dependencia para dignificar y garantizar el trabajo de cuidados".
