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BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ELA ha presentado una denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que exige que se investiguen las responsabilidades por la multa de las 'vacaciones fiscales', con el fin de que "se depuren responsabilidades, poner en evidencia la injusta política fiscal que sufrimos y exigir transparencia y participación social en la definición de las políticas públicas".
ELA ha elaborado un informe sobre la decisión que en su día adoptaron las Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava de "incumplir" la sentencia de los Tribunales europeos sobre la recuperación de lo que se conocieron como "vacaciones fiscales". Dicho informe ha sido entregado al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con la solicitud de que abra una investigación.
El sindicato ha recordado que "no se sanciona la aprobación, en su día, de las vacaciones fiscales", sino que la multa es por incumplir la decisión de un tribunal europeo que implicaba que aquellas ayudas se tenían que haber recuperado en 2001", por lo que "se sanciona el incumplimiento de un mandato judicial".
ELA ha señalado que las Haciendas "tardaron 2.500 días en cumplir el fallo y durante ese tiempo, entre otras cosas, mintieron a las autoridades europeas afirmando que 'las habían recuperado'".
Asimismo, el sindicato afirma que "la decisión de incumplir la acordaron los responsables de las Haciendas de las tres Diputaciones a petición de Confebask", de forma que, a su entender, "fue una decisión acordada entre ambos: Confebask y las Haciendas".
A su juicio, esa decisión "debería conllevar la asunción de responsabilidades por parte de quienes la acordaron". "No debe suceder -una vez más- que ante la actuación maliciosa de determinadas personas respondamos de manera colectiva los demás", ha advertido, para añadir que "el resultado no puede ser que el dinero público responda del pago de 30 millones de multa más las costas", ha apuntado.
En ese sentido, ha recordado que el Gobierno vasco "ha destinado durante varios años solo 17 millones de euros a Ayudas de Emergencia Social, que se han agotado a mitad de cada ejercicio, dejando sin esos ingresos a la población que los necesitaba".
ELA ha planteado como solución un recargo en el Impuesto de Sociedades, pero las Haciendas "no han tomado en consideración esa propuesta y se han limitado a echarse la culpa unos a otros y a discutir cuánto debe pagar el Gobierno y cuánto las Haciendas". En cualquiera de esas dos hipótesis, ha denunciado ELA, "quienes terminaríamos pagando seríamos, sobre todo, los trabajadores".
ELA ha denunciado que la fiscalidad "beneficia a las rentas altas, empresariales y de capital, dentro de un sistema completamente opaco sin ninguna transparencia ni participación social". A su entender, "la gestión que se ha realizado de las vacaciones fiscales prueba, una vez más, que eso es así".
