Si el Gabinete Urkullu estuviera "de acuerdo" ELA lo aplicaría "con el resto de sindicatos y Confebask"
BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ELA ha pedido la "implicación directa" de Gobierno Vasco para poner en marcha un protoloco de reapertura de los centros de trabajo en Euskadi. La intención de la central es, en caso de que el Ejecutivo autónomo estuviera de acuerdo, aplicar su propuesta, "con el resto de sindicatos y Confebask".
En un comunicado, ELA ha afirmado que "ante un escenario de restricciones en las libertades públicas los próximos meses,
restricciones que se flexibilizarán o aumentarán en base a la evolución de las infecciones del Covid-19 y la consecución de una vacuna o un medicamento eficaz para hacer frente a esta pandemia", resulta "fundamental" establecer las condiciones en las que deberá desarrollarse la actividad laboral durante ese periodo, "siempre salvaguardando
la salud de trabajadores y, ante todo, cuidando la salud del personal del ámbito sanitario y sociosanitario".
Por ello, propone un acuerdo que parte de "tres cuestiones
preliminares", la primera de ellas, que "debe existir una coherencia entre las restricciones a las libertades fundamentales en el conjunto de la sociedad y los centros de trabajo".
"En especial, deben seguirse las obligaciones que se establezcan desde el ámbito sanitario. En todo momento la prioridad debe ser atajar la contaminación del Covid-19, puesto que la eficacia en este ámbito es la que permitirá, posteriormente, recuperar la actividad normalizada
en el menor tiempo posible", ha señalado.
A su juicio, "el mayor elemento de competitividad en este contexto
mundial es salvaguardar la salud de los trabajadores y asegurar
que el sistema de cuidados o el sanitario pueden hacer frente a las necesidades de la población".
ELA defiende que, "en primera instancia", debe acordarse entre la representación sindical y empresarial en los centros de trabajo "la forma en la que puede compatibilizarse la prevención de riesgos laborales -el elemento fundamental- con el mantenimiento de la actividad".
"Deben adaptarse los protocolos y recomendaciones sanitarias a las características de cada empresa y establecer las cargas de trabajo que hagan posible el cumplimiento de esos protocolos", ha manifestado.
Además, "en última instancia", debe existir "una autoridad laboral ágil y efectiva" que asegure que se cumplen las recomendaciones sanitarias en los centros de trabajo "al menos con la misma intensidad que en las calles". "Cuando los sindicatos hemos acudido a
la Inspección de Trabajo o a Osalan para hacer frente a situaciones de
incumplimientos flagrantes, la respuesta ha sido lenta o inexistente", ha recordado.
Para el sindicato, ni la Inspección ni Osalan "cuentan con personal suficiente para hacer frente a una pandemia" como la actual. "Los trabajadores necesitan la seguridad de que se actuará realmente ante los incumplimientos que se dan en la empresas, esa seguridad permitirá recobrar la actividad laboral con mayor facilidad
y fomentará los acuerdos en las empresas", ha añadido.
La central que lidera Mitxel Lakuntza propone "un protocolo de actuación a las empresas que requiere de la implicación
directa del Gobierno Vasco para poder aplicarse". "Si el Gobierno Vasco realmente está interesado en mantener la mayor actividad económica posible salvaguardando la salud de los trabajadores, trabajará con ELA para poder poner en marcha esta iniciativa", ha defendido.
Por ello, ha reclamado el respaldo del Ejecutivo autónomo en el "control directo de los servicios de prevención". "Hemos tenido conocimiento de varios servicios de prevención que han presentado ERTEs en un contexto en el que debieran estar al servicio de los centros de trabajo, resulta imprescindible controlar su actividad desde las autoridades públicas y ponerlas al servicio de una estrategia
preventiva, con capacidad de incidir en su organización interna cuando sea necesario", ha argumentado.
También ha solicitado apoyo en la "dotación de medios humanos extraordinarios para el control de los centros de trabajo". En opinión de ELA, "debieran incorporarse 100 personas de forma inmediata
para esta labor" porque "es la cifra necesaria para llegar a la media de inspectores de la Unión Europea".
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
El sindicato ha añadido que, si el Gobierno vasco "estuviera de acuerdo con esta propuesta", la pretensión de ELA es "poner en
marcha con el resto de sindicatos y Confebask" un protocolo de actuación "ante la reapertura de centros de trabajo o para reevaluar la prevención de riesgos laborales en las empresas que no hayan parado su actividad".
Ante la hipótesis de reapertura, el protocolo, de cinco puntos, establece que la empresa "deberá comunicar a los representantes de los trabajadores, con una antelación mínima de 72 horas, su intención de reabrir un centro de trabajo".
La representación sindical o la dirección de la empresa tendrá potestad para convocar una reunión y la obligación de acudir al encuentro "para acordar las condiciones de seguridad de la apertura con anterioridad a la apertura".
En las reuniones, participarán los servicios de prevención, "que informarán directamente a dirección y representación sindical respecto a las recomendaciones que realiza". El Gobierno deberá "poner a los servicios de prevención a disposición de las empresas y sindicatos para realizar esta labor".
Además, en las empresas en las que no exista representación sindical "deberá constituirse la representación sindical en la forma que se indica en el procedimiento de ERTEs ordinarios".
En caso de que no exista acuerdo "y la empresa avance en la apertura, cualquiera de las partes podrá requerir a Osalan la elaboración de un informe en el plazo de 24 horas". Osalan asumirá el compromiso de "recabar información de ambas partes, compartir toda la información con todas las partes y facilitar la negociación en aras a llegar a
un acuerdo".
De persistir los desacuerdos, o de que la empresa haya vuelto a la actividad sin haber realizado el proceso descrito, "la autoridad pública acudirá en el plazo de 24 horas para evaluar la situación". Si se hubieran producido "incumplimientos graves que hagan peligrar
la salud de los trabajadores o la salud de las personas que
conviven" con ellos, "se procederá a la paralización de la
actividad".
"En caso de que existan mejoras a realizar (ordenadas por la autoridad pública), estas se llevarán a cabo en un plazo no superior a cinco días laborables a contar desde la fecha de comunicación de las deficiencias detectadas", añade .
Según ELA, la autoridad laboral volverá a personarse al centro de trabajo una vez pasados los cinco días "para comprobar que las deficiencias han sido subsanadas".
La central propone que, de producirse una hipótesis de reevaluación, "cualquiera de las partes pueden iniciar el procedimiento descrito a partir del segundo punto", es decir, de la convocatoria de una reunión entre sindicatos y dirección.
