Apela a afrontar la modificación legal "de manera consensuada con el conjunto de as instituciones concernidas"
BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka ha criticado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ) emprendida por el Ejecutivo del PP al considerar que quiere "transformar los Tribunales Superiores de Justicia en meros órganos de apelación" y ha considerado que "parece un planteamiento inspirado en razones de carácter político". Además, ha apelado a afrontar la modificación legal "de manera consensuada con el conjunto de as instituciones concernidas".
Erkoreka ha realizado estas afirmaciones durante su intervención en la jornada "El futuro de los Tribunales de Justicia" que se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, con motivo del XXV aniversario de la constitución del TSJPV, en la que también ha intervenido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
En su discurso en la charla --presentada por el máximo representante del alto Tribunal vasco, Juan Luis Ibarra--, se ha referido a la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "un asunto de rabiosa actualidad", y ha defendido "la necesidad de aproximar el vigente modelo de organización judicial a la estructura descentralizada del Estado Autonómico".
En este sentido, ha expresado su "desacuerdo con el papel que se asigna en el anteproyecto a los Tribunales Superiores de Justicia, que son los constitucionalmente llamados a culminar la organización judicial en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo".
"No defenderé esa tesis por capricho, lo haré porque estoy convencido de que así lo aconsejan la racionalidad organizativa, la racionalidad económica y hasta la racionalidad judicial, concebida en términos de máximo compromiso con la proximidad y con el derecho a la tutela judicial efectiva y, de manera especial, con el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas", ha indicado.
Tras recordar que la Constitución Española "optó por instituir un modelo de poder judicial único, en el marco de un Estado políticamente descentralizado", ha destacado que "las cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía han permitido a las Comunidades Autónomas asumir lo que el Tribunal Constitucional denominó hace ya más de dos décadas como la 'administración de la administración de Justicia'".
No obstante, ha apuntado que, "en todo lo que se refiere a la organización y funcionamiento del poder judicial propiamente dicho, el principio de unidad jurisdiccional consagrado por la Constitución ha hecho que todas las competencias normativas hayan quedado concentradas en manos del legislador orgánico".
De esta forma, ha lamentado que, "hasta la participación de las Comunidades Autónomas en la definición de las demarcaciones judiciales de su territorio --que fue el único guiño que la Carta Magna dirigió a los poderes autonómicos en el ámbito estrictamente judicial-- queda al albur de las determinaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
En este contexto, ha subrayado que el Anteproyecto de LOPJ "plantea una reforma global y estructural", que el legislador "puede abordar por sí mismo, si así lo desea", pero que "convendría afrontar de una manera consensuada con el conjunto de las instituciones concernidas".
Josu Erkoreka, que ha explicado que, "hasta la fecha, apenas se han dado pasos en esa dirección" pese a que el Ministerio "expresó su deseo de abordar la reforma desde la concertación". "Este consejero no supo de la aprobación del anteproyecto hasta que fue publicada de los medios de comunicación. Espero que las actuaciones futuras corrijan este desliz inicial", ha aseverado.
El portavoz del Gobierno vasco ha apuntado que el anteproyecto "ha reabierto el debate sobre el papel de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas", y ha recordado que éste especifica que pretende alcanzar dos objetivos: la especialización y la reducción de los tiempos de espera.
"Y una de las soluciones arbitradas para dar respuesta a los problemas relacionados con el retraso en la resolución de controversias jurídicas, consiste en la devaluación de los TSJ, mediante su caracterización, casi exclusiva, como órganos de apelación", ha añadido.
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
A su juicio, "con ello, se desaprovecha, la oportunidad que brinda la reforma, para explorar la posibilidad de que los TSJ puedan asumir competencias para el conocimiento y resolución de recursos extraordinarios, relacionados con normas aplicables en todo el territorio del Estado".
Erkoreka se ha referido a los artículos 123.1 y 152.1 Constitución que establecen que el TS "es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes", mientras que los Tribunales Superiores de Justicia "culminarán la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma".
"¿Hasta qué punto es posible reconocer la superioridad jerárquica a un órgano que no culmina la organización judicial?. ¿En qué medida puede considerarse que culmina la organización juridicial un órgano que no es el superior jerárquico?", se ha preguntado.
A su entender, "el reparto competencial entre el TS y los TSJ debería guiarse, en aras a optimizar los recursos públicos disponibles y aliviar el colapso que atenaza al Tribunal Supremo, por el principio de plenitud; lo que permitiría a los Tribunales Superiores de Justicia decir también la última palabra, en los litigios surgidos en aplicación del Derecho estatal".
"MEROS ÓRGANOS DE APELACIÓN"
En este contexto, ha criticado la propuesta ministerial de transformar los TSJ "en meros órganos de apelación" porque "no solventa, desde luego, el problema de saturación que sufre el Tribunal Supremo". "Parece más un planteamiento inspirado en razones de carácter político, que en criterios de racionalización y optimización de recursos", ha aseverado.
El consejero ha señalado que su planteamiento "no es inédito ni puede decirse que suponga una revolución en nuestro sistema judicial". Asimismo, ha indicado que "la tendencia legislativa ha consistido en configurar los recursos extraordinarios de forma claramente limitativa, con el claro propósito de dificultar el acceso al TS con el fin de atenuar la saturación que este órgano padece desde hace décadas".
Para el representante del Gobierno vasco, "nada impide que el sistema de recursos que establezca el legislador atribuya a los TSJ competencia para conocer y resolver de recursos de naturaleza extraordinaria, siempre que ello no ponga en cuestión la superioridad del Supremo en todos los órdenes jurisdiccionales; una superioridad que podría articularse a través de la unificación de doctrina", ha apuntado.
El portavoz del Gobierno vasco ha considerado que, "desde luego, la fórmula instituida por el Anteproyecto de LOPJ, abunda inexplicablemente en las inercias históricas que tantas disfunciones y desajustes han generado".
Además, ha asegurado que "llama poderosamente la atención el empeño del anteproyecto en incorporar una figura --la de la cuestión jurisprudencial previa-- que tiene pleno sentido en un sistema en el que el Tribunal Supremo se reserva la 'unificación de doctrina', pero parece innecesario en un modelo en el que la casación-- con la excepción del Derecho autonómico-- se reserva en exclusiva al Tribunal Supremo".
En cuanto a la revisión de sentencias firmes, ha asegurado que "no hay norma constitucional que impida a los TSJ conocer todas las demandas de revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad Autónoma". "No hay razón constitucional que exija reservar al Tribunal Supremo el monopolio de la revisión extraordinaria", ha añadido.
