El Parlamento vasco aprueba por unanimidad una propuesta europea sobre el derecho a interpretación y traducción en procesos penales
VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de Justicia, Txema Finez, lamentó hoy que la cooficilidad de lenguas "no se lleve a la práctica" en la Administración de Justicia y atribuyó esta situación a "la política lingüística seguida hasta ahora". "El problema está en impulsar a la preparación de formaciones en profesiones jurídicas", indicó.
Finez realizó estas declaraciones en su comparecencia ante la Comisión de Instituciones, Interior y Justicia del Parlamento vasco, en la que se aprobó hoy, por unanimidad, la propuesta de resolución sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en relación con la propuesta de decisión marco del consejo relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales.
La propuesta de decisión marco, aprobada por PNV, PSE, PP, Aralar y EA, establece una normativa básica por los estados miembro de la UE sobre interpretación y traducción en los procesos penales para aquellas personas que no entiendan la lengua del procedimiento.
El viceconsejero de Justicia explicó que, a nivel de Administración de Justicia vasca "poco tenemos que hacer al respecto porque contamos con un cuerpo de traductores predispuesto al servicio de los jueces y tribunales en previsión de estas situaciones".
"Por lo tanto, desde el punto de vista material, lo tenemos hecho y desde el punto de vista formal hay que tener en cuenta que la línea de enjuiciamiento civil del año 2000 prevé como derecho supletorio la necesidad de interpretación", detalló.
Asimismo, explicó que con esta resolución "no se plantea el problema" de la eficacia y práctica de la cooficialidad del bilingüismo en la Comunidad Autónoma vasca, sino con la necesidad de que el ciudadano que se ve sometido en Euskadi ante una autoridad judicial, pueda entender de qué se le imputa y pueda estar sobre aviso para construir debidamente su derecho de defensa".
Finez detalló también que la propuesta de decisión marco no determina el idioma en el caso de la cooficialidad, aunque avanzó que el Gobierno está trabajando para que con el nuevo modelo de oficina judicial "podamos construir secciones que permitan al ciudadano tener una respuesta, en la mayor parte de los casos, en euskera para el procedimiento íntegro".
Al respecto, reconoció que "uno de los defectos que tenemos en este país es que la cooficilidad no se lleve a la práctica en la administración de Justicia" y responsabilizó a la política lingüística seguida hasta ahora de esta situación. "El problema está en impulsar a la preparación de formaciones en profesiones jurídicas", defendió.
Finez consideró "altamente llamativo" que "teniendo un 85 por ciento de escolares que estudian en euskera desde hace varios años, los resultados en la práctica del bilingüismo en este país, lo que se traduce también en la Administración de Justicia, sean tan escasos". "Por lo tanto, las pegas no vendrán tanto de la Administración de la Justicia como de la política lingüística", concluyó.
