Ruiz denuncia que Solaguren utiliza las AES de manera "partidista, con ánimo de ejercer oposición al Gobierno"
VITORIA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de Empleo, Formación e Inclusión Social del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Ruiz, ha afirmado que el actual Ejecutivo ha gastado durante el 2010 un total de 81 millones de euros en las Ayudas de Emergencia Social (AES), un 143,48 por ciento más de lo que había dejado asignado para dicho fin el anterior Gobierno de Juan José Ibarretxe.
De este modo, Ruiz ha respondido a las críticas de la diputada de Política Social y Servicios Sociales de la Diputación foral de Álava, Covadonga Solaguren, quién este jueves denunció una limitación patrimonial, fijada en 8.000 euros, impuesta por el Gobierno como requisito para recibir las AES.
"Que Solaguren hable de recorte desvela el profundo desconocimiento que tiene sobre la materia, sobre la que no tiene ninguna competencia ni ha tenido ningún interés hasta ahora. La diputada hace de ello una utilización partidista, con ánimo de ejercer oposición al Gobierno desde su posición institucional, en lugar de trabajar adecuadamente en favor de toda la ciudadanía de Álava", ha destacado el viceconsejero.
En un comunicado, Ruiz ha recordado que cuando el PNV abandonó el Gobierno, en abril de 2009, "el grado de cobertura de las AES con respecto a las necesidades de los ayuntamientos era del 48 por ciento". "En 2010 este Ejecutivo ha dado cobertura, con el último incremento de Prestación Complementaria de Vivienda, a más del 97 por ciento de las necesidades planteadas por esos mismos ayuntamientos", ha añadido.
En cuanto a la limitación patrimonial, ésta ha sido defendida por el viceconsejero alegando que "no parece razonable que alguien con 20.000 euros, 30.000 o incluso más patrimonio, excluida su vivienda habitual, garaje y trastero, deba beneficiarse de la solidaridad de la sociedad sin antes hacer uso de sus ahorros".
Por otro lado, el viceconsejero se ha referido a la polémica suscitada en torno a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y ha manifestado que el actual Gobierno gasta más 28 millones mensuales en dicha prestación, en contraposición con los 15 que se abonaban durante el Ejecutivo del tripartito.
"El Gobierno no está dispuesto a que sea atacado innecesariamente de forma tan interesada. Por eso insta a la diputada de Acción Social de Álava a que dirija los esfuerzos de la Diputación de Álava a la lucha contra el fraude fiscal para la que sí tiene competencias en lugar de batallar contra el Gobierno por el sistema de garantía de ingresos", ha concluido.
