Advierten a Red Eléctrica de que los cambios normativos perjudicarán a la industria
VITORIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco y varias empresas de consumo intensivo de energía se han reunido este miércoles con Red Eléctrica Española (REE) para expresar su disconformidad con la reforma energética impulsada por el Gobierno central, al considerar que esta perjudicará de forma notable a la competitividad de la industria vasca.
En el encuentro, la representación vasca han presentado aportaciones para mejorar el nuevo sistema de 'interrumpibilidad' --un mecanismo que flexibiliza las condiciones de uso del suministro energético--, de forma que el coste de las tarifas de acceso sea "menos oneroso", según ha informado el Departamento de Desarrollo Económico en un comunicado.
En la reunión, el Gobierno vasco y las principales empresas afectadas por las nuevas condiciones de la reforma energética han trasladado a Red Eléctrica Española su disconformidad con la reforma planteada por el Ministerio de Industria, así como su preocupación por "la pérdida de competitividad que la reforma supone para la industria vasca".
Por parte del Gobierno vasco, han asistido a la reunión el viceconsejero de Industria, Juan Ignacio García de Motiloa, y el director de Energía, Javier Zarraonandia. REE ha estado representada por su director general de Operación, Andrés Seco. Entre las empresas que han asistido a la reunión se encuentran Gerdau Sidenor, Arcelor Mittal, Brisgestone Hispania, Nervacero, Smurfit, Tubos Reunidos Industrial y Ulma Forja.
PROPUESTAS
Además de las consecuencias de la reforma energética, las empresas participantes en el encuentro han manifestado su preocupación por las nuevas condiciones que el Ministerio quiere imponer a las compañías acogidas a la medida de la 'interrumpibilidad' en el consumo de energía.
Las propuestas sugeridas por el Gobierno vasco y las empresas pasan por aplicar una 'interrumpibilidad' que se ajuste a los procesos de producción existentes; incluir la figura del agregador para posibilitar la participación de un mayor abanico de empresas, así como modificar o revisar algunos de los criterios técnicos establecidos en relación con la disponibilidad mínima exigida o potencia verificable, para posibilitar que las pymes puedan participar como ofertantes en el servicio incrementando la competitividad del mismo.
