Denuncia "un nuevo intento de recentralización y vaciamiento del Estatuto por parte del Gobierno español".
BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco ha interpuesto un segundo recurso en esta legislatura por incumplimiento de las transferencias de políticas activas de empleo al considerar que el Ejecutivo "se ha extralimitado en los pliegos de contratación de las agencias privadas de colocación para el servicio de inserción de personas desempleadas, incluyendo a Euskadi en su ámbito de actuación".
En un comunicado, el Ejecutivo dirigido por Iñigo Urkullu recuerda al central que en Euskadi "es Lanbide quién tiene la competencia para decidir quién media entre empresas empleadoras y personas en situación de desempleo, por lo que solicita al Gobierno español que modifique inmediatamente los pliegos de contratación". Por ello, cree que se está "ante un nuevo intento de recentralización y vaciamiento del Estatuto de Gernika por parte del Gobierno español".
El Gobierno vasco presentará recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 17 de julio de 2014, en la que se establece los requisitos de contratación con las agencias privadas de colocación de empleo que se encargarán, a partir de ahora, de intermediar en la inserción laboral de las personas desempleadas.
En este sentido, recuerda que el SEPE ha incluido en los pliegos de licitación a Euskadi como ámbito en el que estas agencias podrán actuar, "ninguneando la transferencia de 2010 en materia de políticas activas de empleo".
"Esta transferencia deja claro que Lanbide es la competente en Euskadi para realizar todos los programas para la promoción del empleo y la intermediación laboral de las personas desempleadas con las empresas para su reinserción en el mercado de trabajo. De hecho, por esta razón, Euskadi no participó en el diseño y operativa de este acuerdo marco de colaboración público-privada diseñado por el Gobierno español y otras autonomías en 2013", asevera.
"USURPACIÓN" DE COMPETENCIAS
El Gabinete de Urkullu alerta de que "el Gobierno español pretende usurpar, una vez más, funciones que no le corresponden, complejizando los flujos financieros públicos, confundiendo a la ciudadanía, y generando ineficiencia en el servicio".
Éste es el segundo recurso que presenta el Gobierno vasco en esta legislatura por vulneración de la transferencia en materia de políticas activas de empleo. El anterior fue un recurso de inconstitucionalidad contra el "Plan Prepara" incluido en el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
El "Plan Prepara" es una ayuda de 400 euros durante seis meses que se da a las personas desempleadas de larga duración que hayan agotado su prestación por desempleo. El Gobierno vasco considera que esta ayuda debería gestionarse a través de Lanbide y no a través del Servicio Público de Empleo Estatal, tal como se está haciendo.
En estos momentos este recurso está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, después de que no se llegase a un acuerdo en la "Comisión Bilateral entre Estado y País Vasco".
