VITORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que, si la Fiscalía y las defensas de los acusados del 'caso De Miguel' alcanzan un acuerdo que incluya el reconocimiento de un perjuicio patrimonial de los procesados a las arcas públicas, la representación legal del Ejecutivo solicitará que se devuelva "hasta el último céntimo" a la Administración autonómica.
Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno semanal, se ha referido a los contactos que mantiene la Fiscalía y las defensas de los acusados por la presunta trama de corrupción que se investiga en el 'caso De Miguel'.
El portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que el Ejecutivo está personado como actor civil en la causa, ya que es "parte interesada", debido al presunto perjuicio patrimonial causado por los miembros de este presunto entramado, dedicado al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos.
La representación legal del Gobierno Vasco reclama algo más de 200.000 euros a los acusados por los trabajos "no realizados", pero que fueron facturados al Ejecutivo por empresas implicadas en esta presunta red corrupta.
CUANTÍA DEL DAÑO PATRIMONIAL
No obstante, Josu Erkoreka ha explicado que algunos de los documentos aportados durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Álava en torno a esta causa, apuntan a la posibilidad de que dicha cifra se viera finalmente "reducida", tal como se recoge en un informe elaborado por el propio Ejecutivo.
El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha subrayado que, en todo caso, el Gobierno defenderá la "integridad" de la Hacienda pública y reclamará el "resarcimiento" de los daños que haya podido sufrir por la actividad de esta red.
Erkoreka se ha referido a la posibilidad de que la Fiscalía y las defensas acuerden una reducción de las penas inicialmente solicitadas, a cambio de la asunción de culpabilidad por parte de los acusados.
Según ha explicado, en el caso de que un eventual acuerdo en ese sentido incluya el reconocimiento de un "daño patrimonial" al Gobierno, éste reclamará que se le devuelva "hasta el último céntimo". "El interés [público] se debe ver satisfecho necesariamente en un eventual acuerdo de conformidad", ha precisado.
