Pretende "garantizar" su derecho a una educación integral
VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco ha trasladado a la Fiscalía de Menores la situación de los siete alumnos de La Baluga, en Sopuerta (Bizkaia), que se encuentran sin escolarizar por el rechazo de sus padres a que sean matriculados en un centro público de enseñanza primaria de Zalla. La viceconsejera de Educación, Arantza Aurrekoetxea, ha afirmado que el Ejecutivo pretende así que el Ministerio Público "garantice" el derecho de los menores a una educación integral.
Las familias de estos niños -dos de las cuales incluso han iniciado una huelga de hambre- reclaman que el Ejecutivo vasco implante una oferta de educación primaria en Sopuerta, municipio en el que la enseñanza pública se encuentra limitada en la actualidad al ciclo infantil.
De esa forma, los niños de Sopuerta que terminan la educación infantil deben ser escolarizados en un colegio público de referencia de Zalla para proseguir sus estudios. Los padres de estos siete menores han rechazado esta opción, de forma que siguen llevando a los menores al colegio de La Baluga de Sopuerta, donde son atendidos y custodiados pero no reciben una enseñanza reglada, según ha destacado el Departamento.
Aurrekoetxea, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento vasco, ha denunciado la "desproporcionada" actuación de las familias de este grupo de menores.
"CONFLICTO SOCIAL"
Además, ha recordado que el Departamento de Educación ofreció a estos padres la posibilidad de que, de forma transitoria, hasta el próximo curso escolar, los menores fueran escolarizados en un aula cedida por el Ayuntamiento de Sopuerta con este fin, algo a lo que, según ha destacado, "también se negaron".
La viceconsejera ha lamentado que las familias sigan adelante con este "conflicto social" y ha subrayado que, pese a sus reivindicaciones, no existe posibilidad "legal" de implantar actualmente la enseñanza primaria en el colegio de La Baluga.
Además, ha informado de que Educación ha trasladado este asunto a la Fiscalía de Menores, con el fin de que ésta garantice el derecho "fundamental" de los niños a una educación integral.
