Dicen que fueron encarcelados por la defensa de sus ideas, "que nunca fueron delictivas aunque coincidieran con objetivos políticos de ETA"
BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El exlehendakari, Juan José Ibarretxe, y el abogado, Iñigo Iruin, reclaman en un artículo conjunto la puesta en libertad de Arnaldo Otegi y el resto de condenados en el caso Bateragune, de los que destacan "su voluntad innegable, esfuerzo generoso y labor relevante para cerrar la larga etapa de violencia en Euskal Herria". A su juicio, fue el "Derecho Penal del enemigo" el que "inspiró estas condenas"
En un artículo conjunto publicado en diversos medios de comunicación bajo el título "Ante Baterague, la voz compartida", aluden a que son dos personas que provienen de "culturas políticas bien diferentes" -Partido Nacionalista Vasco e izquierda abertzale-, y durante años, "en muchas ocasiones, encontradas".
Según apuntan, su pretensión no es resolver sus "históricas" diferencias sobre el "principio ético" (ETA, violencia, paz, reconciliación), el principio democrático (un Pueblo: uno o tres ámbitos de decisión) o el modelo social.
Ibarretxe e Iruin señalan que se trata "tan solo de una modesta contribución", que pretende "dar un paso en el camino" que se debe hacer en el país "para lograr la paz y la normalización política".
"DERECHO A ELEGIR SU FUTURO"
"Un paso que, ubicado en tiempos interesantes -Escocia, Catalunya-, pretendemos aporte esperanza e ilusión a tanta gente que, como nosotros dos, cree que el Pueblo Vasco existe y que por tanto tiene el derecho a elegir libre y democráticamente su futuro, y anhela que además de sentir, podamos decir e incluso hacer cosas juntos", añaden.
Ambos indican que el proceso Bateragune se inscribe en la lógica de un "diseño político" que "toma cuerpo a finales de los 90 y que se materializa en el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en el año 2000".
"Los poderes del Estado -por supuesto, el judicial- responden a la razón de Estado: persecución penal del diálogo, nueva Ley de Partidos e ilegalizaciones -alterando las mayorías de este país-, régimen penitenciario de excepción y pronunciamientos judiciales con un evidente impulso político, añaden.
Ibarretxe e Iruin recuerdan que Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez ingresaron en prisión hace cinco años y destacan "su voluntad innegable, esfuerzo generoso y labor relevante para cerrar la larga etapa de violencia en Euskal Herria".
"Se les imputó un delito de integración en organización terrorista por formar parte de un órgano denominado Bateragune que, supuestamente, era la estructura ejecutora de las órdenes políticas de ETA. Dos años después, la Audiencia Nacional reconoció que no se había probado que formaran parte e integraran el citado órgano. A pesar de todo, se les condenó", añade.
Ibarretxe e Irun señalan que la base de la condena fue "meramente indiciaria", sustentada en documentos incautados en operaciones policiales. Según apuntan, esos mismos documentos se utilizaron en las demandas para la ilegalización de Bildu y Sortu, y el Tribunal Constitucional "no los consideró suficientes para entender que esas organizaciones eran un mero instrumento de ETA". "Mucho menos debieron serlo para fundamentar una condena a importantes penas privativas de libertad por delitos de terrorismo", aseguran.
A su juicio, si el Tribunal hubiera atendido a lo ocurrido desde octubre de 2009, "la conclusión habría sido muy otra". Ambos señalan que el devenir "ha evidenciado que la actividad política desplegada por estas personas tuvo, a pesar de su detención, una proyección que condicionó decisivamente los acontecimientos posteriores, posibilitando la resolución adoptada por ETA en octubre de 2011".
Además, recuerdan que la tramitación de los recursos de casación y amparo dejó numerosos votos particulares contra la condena, suscritos por magistrados que consideraban que la Audiencia Nacional "vulneró el derecho a un tribunal imparcial de los condenados o que no había prueba de cargo suficiente acreditativa de que actuaban conforme a los designios de ETA".
A su juicio, se está ante una "clara y patente confrontación entre la verdad de lo acaecido y la verdad judicial" y creen que los tribunales "han creado su propio relato sobre esos cercanos acontecimientos" y lo han hecho "al margen de hallazgos externos que permitan sustentarlo y en clara divergencia con la percepción que de los mismos tiene la mayoría de la sociedad vasca".
"El Derecho Penal del enemigo inspira estas condenas, así como el propio régimen legal penitenciario al que se encuentran ahora sometidos. Se les aplican los nuevos requisitos y condiciones de la Ley Orgánica 7/2003, aprobada a instancias del Gobierno Aznar con la finalidad de bloquear los regímenes de semilibertad y libertad. Sin embargo, la literalidad de esa norma excepcional no permite su utilización en este caso, ni tampoco para otros muchos presos vascos, por razones sobre las que no podemos ahora extendernos", aseguran.
En este sentido, reclaman la libertad de los condenados por el caso Bateragura y aseguran que hacerlo es "posicionarse a favor de la libertad de personas encarceladas por la defensa de sus ideas políticas, que nunca fueron delictivas aunque coincidieran con los objetivos políticos de ETA".
Ambos aseguran que, con este posicionamiento "compartido", quieren contribuir a acercar en el tiempo "hechos y pronunciamientos futuros" que, "junto a la necesaria revisión crítica de nuestros respectivos pasados, posibilite entendimientos y acuerdos que configuren una sólida base de respeto y compromiso para la construcción social y política de nuestro pueblo".
"Queremos aportar esperanza a la sociedad vasca. Esperanza para alimentar la ilusión, que es el mejor acompañante del camino. Y lo hacemos, por último, a sabiendas de que siendo importante lo que decimos, lo es aún más decirlo juntos. En realidad son muchas las cosas que podemos, y seguramente debemos, decir y hacer juntos", concluyen.
