El Ayuntamiento dice que el fallo refleja "la gravedad de los hechos" y confirma la "absoluta corrección de responsables de la Corporación"
BILBAO, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbao ha dado la razón al Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia), gobernado por el PNV, y ha considerado "ilegales" las licencias para la construcción de la promoción de las viviendas de Arizgoiti, "al entender que existen graves y manifiestas alteraciones de la legalidad urbanística", que "atentan contra el Plan General de Ordenación Urbana y que han supuesto un enriquecimiento injusto de la promotora".
El Ayuntamiento denunció a la empresa promotora por presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por la constructora, lo que conllevó, en julio de 2005, la paralización de las obras, en estado muy avanzado, que consisten el 20 viviendas con garaje y trastero, además de locales comerciales.
En su sentencia, hecha pública hoy por el Consitorio, el magistrado cifra en cinco las infracciones "graves y manifiestas de la legalidad urbanística" y confirma "todas y cada una de las infracciones denunciadas en su día por la alcaldía". También considera probada la existencia "infracciones graves cometidas con ocasión de la concesión de las licencias de obra".
Entre ellas, afirma que existe una "vulneración abierta del uso del suelo", además de "una vulneración de forma manifiesta en el volumen permitido" otra del uso del suelo "al invadirse el subsuelo del dominio público", una "vulneración de la ocupación permitida en superficie" y otra de la "disposición del edificio en cuanto separación a colindantes" que "altera la ordenación urbana de la zona".
Además, según explicaron fuentes del Consistorio, la sentencia "confirma que todos los órganos del Ayuntamiento: Alcaldía, Concejalía, Secretaría General, peritos, etc., han actuado puramente en defensa de la legalidad urbanística, rechazando la alegación de la promotora de que se ha actuado con 'mala fe'".
Según el Ayuntamiento, el juez declara que el dictamen pericial que "le merece mayor crédito" por su "independencia, imparcialidad y consistencia" es el del técnico contratado por el Ayuntamiento. También admite que la resolución de la Alcaldía, que declaró la suspensión de las obras, "contiene un minucioso análisis de los razonamientos del problema, haciendo gala de solidez jurídica y conceptual, y es de por sí absolutamente convincente y adecuada como solución justa del caso".
"Por ello, quedan totalmente desacreditadas las actuaciones de quienes, movidos por intereses particulares y partidistas, han pretendido a toda costa desprestigiar a funcionarios, técnicos y responsables políticos que han intervenido en el proceso", afirmaron las fuentes consistoriales.
"EN EVIDENCIA"
El Gobierno municipal considera que la resolución judicial "deja en evidencia a quienes han pretendido hacer un uso electoral del problema, amparándose en la defensa de intereses particulares, al margen y en contra de los intereses generales de todo el pueblo".
"Se confirma nuevamente, la gravedad de los hechos que motivaron la suspensión de las obras, confirmando la absoluta corrección de los responsables de la Corporación, y nos congratulamos de que el Juez haya confirmado la legalidad de la actuación del Ayuntamiento", aseguró.
Desde el Ayuntamiento basauritarra se recordó que éste es "el segundo juez que coincide en afirmar la existencia de tan graves irregularidades". En este sentido, aludió a la sentencia del juez de Instrucción nº 10 de Bilbao, "que apreció la existencia de indicios racionales de criminalidad en la conducta del Arquitecto Jefe imputado en el proceso penal, así como el enriquecimiento injusto de particulares, singularmente la promotora".
Ante la nueva decisión judicial, el Ayuntamiento reiteró su disposición a "buscar fórmulas de solución que respete la legalidad, repare el daño causado al patrimonio municipal y devuelva a la colectividad lo que es de todos".
Además, hizo un llamamiento "a la responsabilidad y a la serenidad de todos los grupos políticos, especialmente al Partido Socialista que, en anteriores Plenos, tras un cambio brusco en su inicial postura, y de forma absolutamente irresponsable y demagógica, ha llegado a defender lo indefendible, argumentando que para permitir la continuación de las obras no era precisa una modificación del PGOU por no ser graves ni manifiestas las irregularidades detectadas, algo que esta sentencia confirma categóricamente".
Por último, insistió en que las actuaciones de la Alcaldía "siempre han ido encaminadas a buscar la mejor solución, también para los compradores". "En este sentido, cabe recordar que hace un año se planteó una propuesta de convenio que suponía consolidar las viviendas y que fue rechazada por la promotora y los propios vecinos compradores", concluyó.
