El expresidente de la Cámara fue condenado por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna
VITORIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento vasco sufragará los gastos que puedan derivarse de un eventual recurso del expresidente de la Cámara, Juan María Atutxa (PNV), ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra su condena por no disolver en su día el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003, según ha denunciado el PSE-EE.
Atutxa, junto a los también miembros de la Mesa del Parlamento vasco Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, fue condenado por desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003, en un fallo que fue ratificado en última instancia por el Tribunal Constitucional.
El PSE, a través de un comunicado, ha denunciado este martes que la Mesa de la Cámara autonómica ha decidido gracias a "la mayoría nacionalista", y en contra del representante socialista en este órgano, que el Legislativo pueda "costear las actuaciones jurídicas que decidan llevar adelante Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo". Tras la resolución del Tribunal Constitucional, esta corte europea sería la única instancia a la que podrían recurrir los exmiembros de la Mesa.
El portavoz del PSE en el Parlamento, José Antonio Pastor, ha recordado que los socialistas "nunca" han entendido "por qué el Parlamento ha tenido que hacerse cargo de la defensa de tres de sus miembros, que adoptaron la decisión particular de no acatar las órdenes dadas por los tribunales".
"Eso es lo que se juzgó, no la autonomía parlamentaria, y por eso las sentencias correspondientes han sido individuales, de inhabilitación de cada uno de ellos, y ya cumplidas, por cierto", ha explicado.
Pastor ha recordado que el PSE ya se opuso en su día a las decisiones que adoptaron estos tres miembros de la Mesa. Según ha destacado, el Legislativo "se hizo cargo de su defensa, a pesar de que otros dos miembros de la Mesa rechazaron las decisiones adoptadas".
"DE SUS BOLSILLOS"
El representante socialista ha indicado que la resolución judicial final "ha sido de atribución de responsabilidades personales", y que si las personas condenadas "en el ejercicio de su derecho, acuden a Estrasburgo, donde no pueden personarse instituciones sino los particulares que se sientan afectados en sus derechos individuales, deberán hacerlo con cargo a sus bolsillos".
Pastor ha advertido del "precedente" que se establece con esta decisión, por el cual "cualquiera que en el ejercicio de su cargo público cometiera una acción que después los tribunales pudieran condenar, podría reclamar el apoyo jurídico de la institución correspondiente para acudir a todas las instancias".
Según ha manifestado, este es un "derecho al recurso al que muchísimos ciudadanos no pueden acceder en defensa de sus derechos más elementales por la aplicación de las tasas judiciales".
