EH Bildu, PSE y UPyD aceptan tomar en consideración la propuesta, mientras PNV y PP se abstienen
VITORIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento vasco ha dado el visto bueno a la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para exigir que las empresas que trabajan para las administraciones públicas cumplan determinadas "cláusulas sociales". La propuesta, cuya toma en consideración ha sido apoyada por EH Bildu, el PSE-EE y UPyD, pretende garantizar que estas empresas ofrezcan unas condiciones laborales que respeten los "mínimos" establecidos por el convenio del sector.
Esta ILP había llegado a la Cámara vasca con el respaldo de 110.000 firmas. A partir de su toma en consideración --aprobada con la abstención del PNV y el PP--, la propuesta empezará a tramitarse en el Parlamento, en un recorrido que,de repetirse el resultado de la votación de este jueves, pondría acabar con su aprobación como ley.
A través de esta iniciativa, se pretende que todas las empresas que trabajen para las administraciones vascas --obierno autonómico, diputaciones y ayuntamientos-- garanticen unas determinadas condiciones sociales mínimas" a la hora de desarrollar los servicios y trabajos que desempeñan.
Con ese fin, se prevé instar a las administraciones a introducir, en los pliegos de condiciones de los contratos públicos, unas cláusulas sociales "de obligado cumplimiento".
SUBROGACIÓN
En ellas, se establecería la obligación de respetar "como mínimo" las condiciones del convenio del sector y de subrogar los derechos y obligaciones de las empresas a la que se sustituye en la prestación de un determinado servicio.
La parlamentaria de EH Bildu Belén Arrondo ha destacado la necesidad de establecer estas cláusulas sociales ante las "irregularidades e injusticias" detectadas en obras públicas como el Centro Cívico de Salburua, en Vitoria, o en el Puerto de Bilbao. Además, ha calificado de "incomprensible" la actitud del Gobierno vasco, que ha expresado su criterio desfavorable ante esta ILP.
Asimismo, ha criticado el "silencio" de partidos como el PNV, el PP y UPyD -que tan sólo han intervenido en el turno de explicación de voto-- en el debate de una iniciativa impulsada por la propia ciudadanía.
Por parte del PSE, Vicente Reyes ha asegurado que la puesta en marcha de las medidas recogidas en la propuesta es una cuestión de "voluntad política", y ha advertido que el debate en torno a este asunto "no terminará" hasta que se haya conseguido el objetivo de la ILP.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha destacado el importante apoyo ciudadano recabado por la iniciativa, y ha afirmado que "no hay que tener miedo al debate" sobre esta cuestión.
"INSEGURIDAD JURÍDICA"
Por el contrario, la parlamentaria del PNV Ana Otadui ha defendido la decisión del Gobierno vasco al expresar su criterio desfavorable a la toma en consideración de la propuesta. Al igual que el Ejecutivo, ha justificado esta postura por una razón de "inseguridad jurídica", dado que una norma foral de contenido similar a está siendo revisada por los tribunales de justicia.
La parlamentaria del PP Nerea Llanos, al igual que el PNV, ha coincidido en la necesidad de "garantizar" el cumplimiento de los convenios, pero siempre "de acuerdo a la normativa vigente".
Tras la toma en consideración de la ILP, Joseba Villareal, de ELA -sindicato impulsor de la propuesta--, se ha felicitado por el inicio de la tramitación de la norma, aunque ha asegurado no "entender" la actitud del PNV al abstenerse en la votación.
