Cree que la Ley de Dependencia "ha creado un problema competencial" porque afecta a materias "exclusivas" de País Vasco y Navarra
BILBAO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
PNV defiende, en su 'Ponencia Social', la construcción de vivienda tasada como medida "más real y más eficaz" para hacer frente al elevado coste de los pisos y plantea que, en un plazo "razonable", la cantidad que se destine al pago de una casa no supere el 30% de los ingresos netos de los propietarios.
Respecto a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, afirma que ha creado "un problema competencial" porque afecta a materias que el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra consideran "exclusivas".
En el texto, al que se podrán presentar enmiendas y que se sometará a aprobación en diciembre, PNV apuesta por establecer "porcentajes altos" de vivienda tasada, ya que considera que ésta es "la medida más real y más eficaz" para "combatir" el elevado precio de los pisos.
Asimismo, en la ponencia, recogida por Europa Press, cree que la vivienda tasada impedirá que Euskadi "siga separándose de los parámetros europeos en relación a la cantidad de segunda vivienda y vivienda vacía", y que ayudará a "frenar" la visión de la vivienda como "objeto de inversión y especulación" y a que el precio sea "ajustado a su coste real".
Además, PNV se pone como objetivo que, en un plazo "razonable", la cantidad que las personas tengan que destinar al pago de sus casas no supere el 30% de sus ingresos netos, "lo que tendrá efectos positivos en la propia economía, al quedar en manos de la ciudadanía una mayor capacidad real de gasto e inversión", señala.
En la misma línea, confía en el acceso a la vivienda de protección oficial (VPO), pero no "necesariamente" en propiedad, por lo que propone orientar esta oferta hacia la vivienda social en alquiler, por ser la "forma más justa", que permite que otras personas ocupen el piso cuando los beneficiarios mejoran su situación económica o acceden a otra vivienda.
Por otro lado, destaca a la vivienda en alquiler como un instrumento eficaz para fomentar la enmancipación de los jóvenes y apoya la creación de un parque "importante" de vivienda pública en alquiler, segun las recomendaciones de la Unión Europea.
La formación nacionalista también reconoce que las medidas legales para facilitar el acceso a la vivienda "no han tenido efectos inmediatos", aunque matiza que la intervención sobre este mercado es "de una gran complejidad" y surte efectos "a largo plazo".
LEY DEL SUELO
En este sentido, resalta que la Ley del Suelo y Urbanismo del Gobierno vasco, a pesar de haber sido "muy debatida y discutida" y de haber trascendido por "coincidir con escándalos urbanísticos", ha servido para dar a los Ayuntamientos "el reconocimiento que reclamaban para intervenir en la política de vivienda y en la adjudicación del porcentaje de vivienda protegida".
Asimismo, se marca como propósitos llenar el vacío existente entre vivienda protegida y vivienda libre, "garantizando" una primera vivienda a todos los sectores de la sociedad, y "evitar el estrangulamiento de hipotecarse para 50 años". A su vez, confía en que la construcción de vivienda protegida ayude a reducir el coste de la vivienda libre y haga "aflorar" el mercado de la vivienda vacía.
INMIGRACIÓN
En relación con la política de inmigración, PNV plantea que se regularice la situación de los inmigrantes con empleo, "para frenar la dinámica de dirigir a una parte de la población inmigrante hacia las ayudas sociales, a la vez que se les mantiene en el mercado sumergido".
"Es urgente que el Gobierno español dé respuesta a esta realidad social para regularizar así la situación de personas inmigrantes que cuentan con la posibilidad de tener un contrato de trabajo", apunta el texto, que considera imprescindible "reivindicar" ante las administraciones competentes "una política acorde a la realidad".
En este sentido, la ponencia resalta que Euskadi "necesita y necesitará" de la inmigración para combatir el envejecimiento de la población y la baja natalidad.
Además, insta a las instituciones vascas a desarrollar acciones para la integración social de estos colectivos, "como garantía de futuro económico, bienestar y convivencia", al tiempo que anima a abordar la inmigración "más allá" de la dimensión laboral. El "reto" de la sociedad vasca y las administraciones consiste, según la ponencia, "en hacer una comunidad entre todos".
En concreto, se plantea una gestión "legal" de los flujos de inmigración, "respetuosa" con los principios del Estado de Derecho, y se apunta a iniciativas de codesarrollo, que asocien a Euskadi con los países de origen y transformen a la inmigración "en un factor beneficioso para las dos partes".
SERVICIOS SOCIALES Y LEY DE DEPENDENCIA
Por otro lado, la formación jeltzale se compromete a potenciar la construcción de unos servicios sociales de calidad "para todas las personas" y defiende el mantenimiento de un sistema de servicios sociales público, cuya gestión podrá ser contratada y concertada, "en muchos casos", con iniciativas privadas o entidades sin ánimo de lucro.
"Por esta razón -prosigue- PNV pretende impulsar un sector de servicios sociales que se caracterice por unas relaciones laborales dignas que promuevan la motivación de las personas que trabajan en el sector y garanticen un clima laboral que permita dar un servicio de calidad".
En cuanto a la financiación de los servicios sociales, cree que se debe explorar una vía que combine la financiación vía impuestos con una financiación a través de cotizaciones a un sistema de contingencias y que la vía "adecuada" para financiar las condiciones básicas de la atención a la dependencia debe ser un régimen específico de cotización a una nueva contingencia: la dependencia.
Precisamente, subraya que la entrada en vigor de la Ley de Dependencia "ha creado un problema competencial" porque afecta a materias que el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra consideran "exclusivas" y "porque viene a diseñar y regular servicios que se prestan hace años en ambos comunidades".
Considera que el artículo 149.1.1., al que hace referencia esta norma, "en ningún caso puede interpretarse como fuente de competencias estatales" y asevera que ha sido el ejercicio de esas competencias "lo que ha permitido a Euskadi tener unos servicios de atención a la dependencia que, tanto en servicios como en coberturas, en la actualidad superan notablemente las previsiones del Gobierno vasco".
En este sentido, aboga por incrementar la coordinación interinstitucional para cubrir las demandas que se sitúan en los "espacios fronterizos" y propiciar espacios interinstitucionales de "acceso único" de los usuarios a los servicios.
DEFENSA DE LA FAMILIA
Por último, el texto aboga por medidas fiscales, educativas, legales o formativas destinadas a fortalecer un modelo social en el que la familia sea el pilar básico, pero respondiendo a las nuevas necesidades que surgen tras la "crisis del modelo en el que el varón es el sustentador".
En este contexto, apuesta por impulsar la conciliación de la vida familiar y profesional, insta a la Administración Pública a asegurar que hombres y mujeres accedan al mercado de trabajo "sin discriminación" y reclama la promoción de la igualdad "real" de la mujer y el respeto de sus derechos y su dignidad, en claro rechazo a la violencia contra las mujeres.
Otros aspectos que defiende la ponencia son la atención a la infancia y la juventud, el envejecimiento activo y el reconocimiento del derecho subjetivo a los servicios sociales, "derecho perfecto que será exigible y que se concretará en un catálogo y cartera de servicios de prestación pública obligatoria".
